El presidente, Donald Trump, ha refrendado este miércoles en la red social Twitter que aquellos nacidos fuera de Estados Unidos no debería recibir ni un dólar de asistencia social. Trump ha difundido un mensaje en el que se asegura que los inmigrantes ilegales reciben cada mes casi 4.000 dólares de ayudas federales por persona, mientras que el cheque medio de la Seguridad Social asciende únicamente a 1.200 dólares al mes.
Pero este mensaje, que el presidente ha difundido a sus más de 56 millones de seguidores en Twitter, es completamente erróneo, según informa la agencia de noticias The Associated Press.
Para empezar, las cifras no se refieren a Estados Unidos sino a Canadá. Los 3.874 dólares a los que hace referencia el mensaje son el dinero que reciben en ese país los refugiados admitidos legalmente. No es un pago mensual, sino una asignación que se cobra una sola vez, y se corresponde con el dinero para comida, transporte y otras necesidades básicas para una familia de cinco miembros recién llegada al país.
En cuanto a los 1.200 dólares al mes de la Seguridad Social, también la cifra es errónea: los trabajadores jubilados reciben de media 1.419 dólares al mes en Estados Unidos.
En cuanto a los nacidos fuera del país, como asegura el mensaje difundido por el presidente, eso engloba tanto a los estadounidenses naturalizados como a los inmigrantes legales y a los indocumentados. Los primeros tienen los mismos derechos que cualquier otro ciudadano, y negárselos sería inconstitucional. Los inmigrantes que están en el país legalmente suponen un porcentaje mínimo de las ayudas federales, y los indocumentados apenas pueden recibir asistencia alguna.
El Gobierno anunció en septiembre su intención de negar la residencia a aquellos inmigrantes que reciban ayuda para alimentarse o pagar su vivienda, o aquellos que, en su opinión, supongan “una carga pública”, lo que puede incluir, por ejemplo, recibir asistencia para poder comprar medicamentos vitales. Esta medida ha disparado el miedo entre los inmigrantes a solicitar ayudas incluso aunque sean imprescindibles para sus familias, y ha provocado denuncias de activistas asegurando que habrá gente que pase hambre o no se medique por miedo a ser expulsados del país.