Un juez ordenó este jueves la liberación de casi 100 ciudadanos iraquíes, en ocasiones detenidos hasta un año y medio, alegando que el Gobierno presidido por Trump no tiene autoridad para detener a extranjeros por tiempo indefinido.
El juez Mark Goldsmith concedió dos mociones a la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés): la liberación de los detenidos y la sanción en contra del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) por mentir a la corte para retrasar el juicio.
“Desde las etapas iniciales de este caso el Gobierno ha hecho declaraciones manifiestamente falsas a la corte para retrasar los procedimientos”, escribió el juez.
La decisión del gobierno de demorar su respuesta a las órdenes de la corte ha tenido una consecuencia devastadora para las familias, dijo Goldsmith.
La sentencia es la última en una serie de reprimendas que ha recibido el presidente, Donald Trump, por parte de autoridades judiciales. Tan sólo este jueves el presidente de la Suprema Corte, John Roberts, ha criticado duramente a Trump por decir que un juez que había fallado en contra de su política de asilo para inmigrantes era “un juez de Obama”.
La ACLU presentó la demanda en 2017 en nombre de 1,400 iraquíes que enfrentan la deportación. La mayoría había sobrepasado una visa o tenía una condena penal, algunas de las cuales se remontan a la década de 1980.
"El juez Goldsmith dejó en claro que ICE no está por encima de la ley", dijo Miriam Aukerman, abogada de la ACLU.
Irak se ha negado en ocasiones anteriores a recibir a los deportados de los Estados Unidos que no aceptaron regresar voluntariamente. A principios de 2017, esa política cambió. Irak aceptó un pequeño vuelo chárter de iraquíes, que ya estaban bajo custodia como deportados, a cambio de que Trump los quitara de la lista de nacionalidades con prohibición de viajar.
Preparándose para futuras deportaciones, ICE arrestó a unos 200 iraquíes más, al menos la mitad de ellos en Michigan, muchos de ellos cristianos caldeos, un grupo que había apoyado firmemente la elección de Trump. Pero miles de páginas de documentos gubernamentales publicados el mes pasado indicaron que los dos países no tenían una promesa clara de que Irak continuaría cooperando, según reportes de la cadena NBC.
En consecuencia, los iraquíes bajo custodia del Gobierno estaban en riesgo de permanecer detenidos indefinidamente, según la ACLU, lo que habría constituido una violación de la decisión de la Suprema Corte de 2001.
Eso puso a los iraquíes bajo custodia en riesgo de permanecer detenidos indefinidamente, según la ACLU, una violación de una decisión de la Corte Suprema de 2001. Los abogados de los iraquíes argumentaron que, a menos que el gobierno pueda demostrar que serían deportados de manera inminente, ICE debería liberar a los detenidos restantes, algunos de los cuales han estado encerrados durante casi 18 meses.
El gobierno ha mantenido en las presentaciones judiciales que Irak está dispuesto a colaborar. ICE no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de NBC.
En su opinión expresada el martes con vehemencia, el juez Goldsmith se puso del lado de los iraquíes. Cualquier detenido que haya estado bajo custodia por más de seis meses debe ser liberado dentro de los próximos 30 días, a menos que el gobierno pueda argumentar por qué una persona debe permanecer detenida. Incluso si son liberados, aún enfrentan una deportación potencial.
Goldsmith también previno al Gobierno de Trump sorbe las futuras sanciones que habría en su contra.
"El Gobierno ha actuado de manera innoble en este caso, al no cumplir con las órdenes judiciales, al presentar declaraciones demostrablemente falsas de funcionarios del Gobierno y al violar sus obligaciones de litigio, todo lo cual obliga a este tribunal a imponer sanciones", escribió Goldsmith.
En particular, señaló la carga que ha significado el elevado número de detenciones para las familias.
"La detención ha causado graves daños a numerosos detenidos para los cuales no hay remedio por ley", escribió. "Las familias han sido destrozadas".
El fallo marca una victoria no sólo para los iraquíes, sino también para la integridad de los tribunales, dijo Kim Scott, director de Miller Canfield Paddock and Stone, que presentó el caso ante la ACLU.
"El sistema judicial tiene como premisa que ambas partes pongan sus cartas sobre la mesa", dijo. "El gobierno ha estado escondiendo el balón".
Pero, agregó Scott, no le devolverá a sus clientes el tiempo que ha pasado.
"Se tardaron 18 meses en llegar a este punto", dijo. "Es devastador. Estas son las vidas de las personas".