Los planes del Gobierno que preside Donald Trump para construir un muro en la frontera mexicana se han topado con una misión histórica junto al Río Grande, en Texas, por cuyos terrenos debería pasar la nueva barrera. La Diócesis católica de Brownsville ha alegado que se trata de una intromisión ilegal del Gobierno federal en el derecho a la religión, y se prepara pues para plantar cara ante la justicia y evitar así que se afecte a la hacienda de la iglesia, construida en 1899.
“Va contra la Primera Enmienda, libertad de culto”, ha asegurado David Garza, un abogado de Brownsville (Texas) que representa a la Diócesis.
La misión de Lomita, en la ciudad fronteriza de Mission (de 80.000 habitantes), fue construida a finales del siglo XIX en una curva con forma de herradura del río, y sirvió durante décadas como centro neurálgico de “las iglesias católicas muy apartadas entre sí” en la zona, para “bautizos, bodas y extremaunciones”, según asegura la Diócesis.
El Gobierno, sin embargo, ha advertido ya ante la justicia que planea arrancar 67 acres a la hacienda donde se asienta la iglesia, un paso previo para hacerse con estos terrenos para construir el muro cuando Trump consiga la financiación necesaria del Congreso.
La Diócesis ha respondido: no.
“El obispo respeta mucho las responsabilidades de los hombres y mujeres implicados en la seguridad fronteriza, pero, a su juicio, las propiedades de la iglesia no deberían usarse para el propósito de construir un muro fronterizo”, ha replicado en un comunicado, según informa el diario Corpus Christi Caller-Times.
“Esa estructura limitaría la libertad de la iglesia para ejercer su misión en el valle del Río Grande, y sería de hecho un signo contrario a su misión”, ha añadido, “así que, por principios, el obispo no da su consentimiento”. “La capilla de Lomita es un edificio sagrado”, que está registrado además en el listado nacional de lugares históricos, según el abogado David Garza. Y según admite el propio Servicio Nacional de Parques Históricos, fue la que propulsó el crecimiento de la ciudad que ahora comparte su nombre.
Aun así, Garza admite que será una difícil ganar el juicio, porque los casos de dominio eminente son “complicados”, tanto si el Gobierno quiere la tierra “para construir una presa, ampliar una autopista o construir el muro”.