Un hispano quiso sobornar a un agente de ICE para que deportara a su esposa e hijastro

El hombre ofreció hasta 4.000 dólares a un agente del Servicio de Inmigración, lo que no sabía era que lo estaban grabando.

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Un hombre de Portland, Oregón, se declaró culpable hoy de un cargo de soborno después de intentar pagar a un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) para que deportara a su esposa, según informó el departamento de justicia, reportó la agencia de noticias EFE.


Antonio Oswaldo Burgos, un hispano de 48 años, se enfrentaba inicialmente a tres cargos de soborno en el tribunal federal de distrito de Portland, acusado por la fiscalía de tratar de sobornar al agente en tres ocasiones.


"Tratar de sobornar a un oficial de la ley federal es un delito grave y se enfrentará a consecuencias igualmente graves", dijo Billy J. Williams, abogado del distrito federal de Oregón.


"Felicito al oficial de ICE involucrado en este caso por responder a la propuesta criminal de Burgos con el máximo nivel de profesionalismo y resolución", destacó el abogado.


Según documentos judiciales, Burgos primero contactó al agente siguiendo en mayo pasado al oficial desde una instalación de ICE en Portland hasta un estacionamiento de Vancouver.


Allí, dijeron los fiscales, Burgos le ofreció dinero al agente para deportar a su esposa, a quien conoció en El Salvador, y con quien estaba en proceso de divorcio.


El oficial se negó, pero llamó a Burgos la semana siguiente en cooperación con la Oficina de Responsabilidad Profesional de ICE, que grabó la conversación.


En la llamada, Burgos ofreció 3.000 dólares si deportaba a su esposa, dijeron los fiscales, y repitió la oferta en una segunda llamada telefónica el 5 de junio.


Cuando se reunió personalmente con el agente ese propio mes, Burgos incrementó su oferta a 4.000 dólares para deportar además al hijo de su esposa, fruto de una relación anterior.


Burgos fue arrestado el 29 de junio. Enfrenta hasta 15 años de prisión, una multa de 250.000 dólares y tres años de libertad supervisada. La sentencia ha sido agendada para mayo.