Han pasado 14 años desde que Brittany Binger fuera violada y asesinada junto a una carretera del condado de James City (Virginia). Las autoridades detuvieron casi de inmediato a un sospechoso, Oswaldo Martínez, inmigrante indocumentado salvadoreño sordomudo, que lleva más de una década bajo custodia.
A la espera de juicio. A la espera de ser deportado. A la espera.
Binger, de 16 años, fue hallada muerta en una cuneta el 3 de enero de 2005. Los investigadores hallaron restos del ADN de Martínez, que ahora tiene 47 años, en un envase de jugo en la escena del crimen. Fue arrestado y procesado por asesinato, pero ha pasado los últimos 13 años en centros psiquiátricos, recibiendo tratamiento y formación en lenguaje de signos.
Martínez está considerado incompetente para ser juzgado, porque no conoce ningún idioma y por tanto no puede ser informado de los procedimientos en su contra ni ser asistido por un abogado
“Muy raramente se define a la gente como incompetente”, ha explicado Daniel Murrie, profesor de Psiquiatría de la Universidad de Virginia, “y, usualmente, al 80% se les puede recuperar en un plazo de seis meses”.
“Sí puede comunicarse de la misma forma que yo puedo jugar a las charadas, y podemos entender mucho”, ha explicado el fiscal Nate Green al diario Williamsburg Yorktown Daily, del proviene la información en este artículo. “El gran problema es que los juicios no son como el teatro, no escenificamos los testimonios”, ha añadido el letrado.
La Corte Suprema de Virginia examinará el caso este miércoles. El abogado de Martínez, Tim Clancy, asegura que mantenerle bajo custodia sin juicio es inconstitucional, y que el tratamiento que se le está administrando no es médico sino educativo.
Martínez apenas ha logrado ningún progreso en los casi 14 años bajo custodia. Podría ser que nunca llegara a ser competente, pero tampoco puede ser dejado en libertad a menos que un juez considera que no supone un peligro.
Legalmente, Martínez podría ser deportado en cualquier momento, puesto que es un inmigrante irregular. Durante los mandatos del ex presidente demócrata Barack Obama, la prioridad era deportar a aquellos que hubieran cometido delitos graves. Ahora, con el republicano Donald Trump en la Casa Blanca, también lo son aquellos que han sido acusados, sin llegar a ser juzgados aún.
Sin embargo, el propio fiscal, que está en contacto con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés), reconoce que sería muy inusual que fuera deportada una persona bajo custodia a la espera de ser juzgada por asesinato.
Un portavoz de ICE ha indicado al citado diario que ni siquiera han sido capaces de verificar si Martínez puede ser deportado porque es incapaz de comunicarse.
Lo habitual sería deportarle en caso de quedar en libertad, o deportarle, si es condenado, una vez cumplida su pena. El problema es que Martínez no ha sido condenado ni puesto en libertad. Y podría no serlo nunca.