Han pasado más de cuatro meses desde que un juez federal ordenara que se reunifique a los menores migrantes que fueron separados de sus padres en la frontera, pero unos 171 permanecen en manos del gobierno, según muestran documentos de la corte federal presentados el pasado jueves.
Más de 2.500 familias migrantes indocumentadas fueron separadas como consecuencia de la política de ‘tolerancia cero’ del gobierno de Donald Trump anunciada por el Departamento de Justicia en abril, bajo la que los adultos eran procesados por entrar ilegalmente al país y separados de sus hijos.
Tras semanas de críticas contra el gobierno de Trump, el juez de distrito de Estados Unidos Dana Sabraw ordenó en junio al Gobierno la reunión de las familias indocumentadas separadas y estableció plazos para los niños menores de cinco años y otra fecha para los mayores de esa edad, los cuales el gobierno ha ido cumpliendo parcialmente.
De los que permanecen bajo custodia del gobierno, unos 146 no serán reunidos con sus padres, ya sea porque rechazaron la reunificación o porque los padres “no son aptos o representan un peligro”, indican los documentos.
De estos, 99 familias indicaron que ya no están en el país y no desean ser reunificados con sus hijos en su país de origen, y 17 sí se encuentran en territorio estadounidense pero también pidieron no ser reunidos. Treinta fueron considerados no aptos.
El fallo de Sabraw tiene su origen en una demanda que interpuso la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, en inglés) a favor de una niña congoleña de 7 años separada de su madre y de un menor brasileño de 14, también separado de su progenitora.