La administración del presidente, Donald Trump, presionó a la Corte de Apelaciones para que se pronunciara sobre la cancelación del programa DACA antes del 31 de octubre, pero el plazo ha vencido sin que se haya emitido una opinión y ahora la administración tendrá que esperar hasta el próximo verano para que la Suprema Corte de Justicia pueda oír el caso.
Tres jueces de distrito han prohibido la eliminación gradual de DACA que Trump propuso en septiembre del año pasado. En agosto de 2018, una de las cortes incluso ordenó que la administración no sólo tenía que continuar reconociendo los derechos adquiridos mediante DACA, también ordenó que aceptara nuevas solicitudes. Ahora, la decisión recaerá sobre el Noveno Circuito de Apelaciones con sede en San Francisco, porque la Suprema Corte rechazó atraer el caso antes de agotar las instancias previas.
Si la Corte de Apelaciones se hubiera pronunciado antes del fin de mes, el Departamento de Justicia habría tenido tiempo de apelar su decisión para llevar al caso a la Suprema Corte. Debido a que la corte basada en San Francisco, con un historial progresista, no opinó, la administración Trump tendrá que esperar hasta el próximo periodo para llevar su caso a la máxima corte del país.
DACA fue creado en el año 2012 por el presidente, Barack Obama, para dar certidumbre legal a los menores de 16 años que llegaron de la mano de sus padres sin documentos o que permanecieron por más tiempo del que permitía su visa. El programa impide que sean deportados, otorga un permiso de trabajo, número de seguro social y ciertos beneficios que tienen los contribuyentes fiscales. Más de 700,000 jóvenes fueron beneficiados.
Los beneficiados, también conocidos como soñadores, han estado en ascuas desde que Trump anunció el fin del programa y la batalla legal por mantenerlo comenzó. La mayoría son de origen hispano: de Guatemala, México, El Salvador y Honduras, pero también hay miles de Corea, India, Filipinas y Jamaica. La mayoría viven en California, Texas, Florida y Nueva York y ya han hecho su vida en los Estados Unidos.
“No sé qué pasará, no sé qué voy a hacer, no sé dónde vamos a terminar”, dijo Yamilex Rustrain, una joven hispana con una empresa de dulces, durante una manifestación a favor de los soñadores, el año pasado en California.
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"No soy partidario de castigar a los niños, la mayoría de los cuales ahora son adultos, por las acciones de sus padres. Pero también debemos reconocer que somos una nación de oportunidades porque somos una nación de leyes", dijo Trump cuando anunció la cancelación del programa en septiembre.
Entonces, la vocera de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, dijo que la decisión del presidente estaba pensada como parte de una basta reforma del sistema, con la que se pretendía terminar con la inmigración ilegal e instaurar un sistema de meritocracia.
Trump criticó a Obama por haber creado el programa DACA mediante una orden ejecutiva y no mediante una resolución del congreso. Es “una amnistía ejecutiva unilateral”, dijo Jeff Sessions cuando anunció la cancelación. “Un intento deliberado por lograr lo que el poder legislativo específicamente se negó a autorizar en múltiples ocasiones… Fue un ejercicio inconstitucional de autoridad por parte del poder ejecutivo”, dijo Sessions.
En 2016 la Suprema Corte decidió sobre un caso similar al de DACA, que permitía a los padres de ciudadanos americanos permanecer en el país. A pesar del empate que hubo con cuatro votos a favor de jueces progresistas y cuatro en contra de conservadores, el programa (conocido como DAPA) fue rescindido.
Ahora, la Suprema Corte vuelve a contar con nueve jueces, cinco conservadores, incluidos dos nominados por Trump, y cuatro progresistas. El próximo verano, estos magistrados podrían decidir el futuro de los cientos de miles de soñadores.