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Trump presiona a la justicia para poder empezar a deportar a los soñadores en 2019

Ahora que la Corte Suprema tiene mayoría conservadora, el Gobierno apremia a los jueces para decidir el final de DACA lo antes posible. Le contamos su estrategia.

El Gobierno que preside Donald Trump ha puesto fecha límite para resolver la suerte de los cerca de 700.000 soñadores protegidos por la Condición de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, en inglés). Si la Novena Corte de Apelaciones no emite un dictamen antes de final de mes, el Departamento de Justicia recurrirá ante la Corte Suprema, según una carta enviada al tribunal.

No está claro si este ultimátum tendrá efecto, puesto que el máximo tribunal ya rechazó intervenir en el caso hasta que la Corte de Apelaciones decidiera. Esto ocurrió sin embargo en febrero; ahora, tras la incorporación hace dos semanas de Brett Kavanaugh, los conservadores tienen mayoría en la Corte Suprema.

Trump canceló DACA en septiembre de 2017, dejando al borde de la deportación a cientos de miles de jóvenes que llegaron al país de forma ilegal de la mano de sus padres cuando aún eran niños. Varias cortes federales bloquearon sin embargo la decisión de Trump, que ahora está siendo examinada por la Novena Corte de Apelaciones, tras el fracaso del Gobierno de llevar el caso directamente ante la Corte Suprema.

El máximo tribunal ya analizó en 2016 un programa muy similar a DACA, que permitía en este caso quedarse en el país a inmigrantes indocumentados con hijos estadounidenses (se conocía como DAPA y fue aprobado también por el ex presidente Barack Obama). El caso sin embargo no se resolvió, por un empate entre cuatro jueces conservadores y cuatro progresistas; eso permitió anular DAPA, puesto que un tribunal inferior lo había ordenado así. Ahora, la Corte Suprema tiene cinco conservadores (dos de ellos, nombrados por Trump) y cuatro progresistas.

El Gobierno espera ahora tener un dictamen final sobre DACA para primavera según afirmó este miércoles el Departamento de Justicia. Es por ello que está presionando a la Corte de Apelaciones: si no decide antes del 31 de octubre, el asunto no sería examinado por la Corte Suprema al menos hasta después del verano.