Dos hermanas guatemaltecas, de 17 y 19 años, entraron sin autorización a Estados Unidos en julio del 2016. Pocas horas después de cruzar la frontera, la Patrulla Fronteriza las detuvo en una estación en Texas. Las jóvenes denunciaron que, uno de los agentes, las pidió que se desnudara y que las manoseó. Él niega todo. Los activistas denuncian que la Inspectoría General del Departamento de Seguridad Nacional, que revisó el caso de las jóvenes, rara vez recomienda sancionar a un oficial.
El agente refutó las acusaciones, incluida la afirmación de las hermanas de que tocó sus genitales. Insistió en que sólo les había tomado las huellas dactilares a las dos adolescentes antes de llevarlas de vuelta a su celda.
Pero la hermana mayor cuenta una versión diferente de las historia. Dice que el agente la llevó a una sala y que allí le dijo que se levantara el suéter y el vestido. Cuando se le cayó una fotografía del sujetador, el agente se lo subió. Entonces, le pidió que se quitara los pantalones y bragas, y tocó sus genitales con el dorso de la mano. La hermana menor acusó al agente de hacer una revisión similar.
Las directrices de la Patrulla Fronteriza prohíben que agentes masculinos hagan registros al desnudo a mujeres “excepto en circunstancias urgentes” y sólo cuando otro agente está presente para observar. Bajo las normas, un registro vaginal debe hacerlo un médico en una instalación médica.
Tras la denuncia, se abrió una investigación y se determinó que era la palabra de las chicas contra la palabra del agente. Y como ocurre con decenas de casos similares, los investigadores fallaron a favor del agente.
Activistas dicen que este caso, detallado en un reporte compilado por investigadores internos, muestra los obstáculos que deben superar los inmigrantes cuando presentan denuncias de abuso, incluso cuando lo hacen inmediatamente, como hicieron las jóvenes guatemaltecas.
The Associated Press ha tenido acceso a una copia del reporte de la investigación mediante una solicitud al amparo de la Ley de Libertad de Información. El documento demuestra que las autoridades determinaron que las denuncias de las jóvenes no pudieron ser corroboradas por falta de pruebas físicas.
“En realidad, estas jóvenes tuvieron suerte de que su caso fue investigado”, dice Christina Mansfield, cofundadora del grupo activista Freedom for Immigrants (Libertad para los inmigrantes). "Eso casi nunca ocurre”, añade.
La estación en donde detuvieron a las hermanas no tiene cámaras en la sala de registros. La habitación donde las jóvenes dicen que las llevaron, al parecer un compartimiento de suministros, no ha sido inspeccionado en busca de huellas dactilares porque según las jóvenes ellas allí no tocaron nada. El agente acusado dice que se quedó solo con ellas debido a falta de personal.
Un estudio del grupo Freedom for Immigrants halló que entre enero de 2010 y julio de 2016, la Inspectoría General del Departamento de Seguridad Nacional recibió 84 denuncias de conducta sexual inapropiada contra agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), que incluye a la Patrulla Fronteriza.
La inspectoría solo abrió siete investigaciones, ninguna de las cuales derivó en acusaciones penales, según el estudio realizado en base a documentos oficiales. Tras la investigación hallaron que además que una cantidad muy baja de casos eran investigados por la inspectoría general en centros de detención del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).
La CBP se negó a hablar específicamente del caso de las hermanas guatemaltecas, o a revelar si el agente involucrado fue sancionado. Sólo dijo que siempre trata a los inmigrantes “con profesionalismo y cortesía”.
Las autoridades migratorias detienen y procesan cada mes a miles de personas que cruzan ilegalmente la frontera hacia Estados Unidos. La directora de la Patrulla Fronteriza, Carla Provost, dijo en una reciente entrevista que su agencia se toma "muy, muy seriamente” cualquier denuncia contra sus 19,000 agentes. Previamente Provost era la directora del departamento de asuntos internos de la entidad, que investiga denuncias de conducta inapropiada por parte de los empleados. Las denuncias, aseguró Provost, “son muy pocas e infrecuentes”.
Con el tiempo, las hermanas han sido liberadas y se fueron a vivir con su madre a California. Una de ellas ha demandado al gobierno de Estados Unidos. Los documentos muestran que ambas partes negocian un acuerdo.