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Nuevo reporte alerta que castigo de “carga pública” afectaría a 7,5 millones de inmigrantes

El sector económico más dañado sería comercio, transporte y servicios públicos

En 2017 casi 7.5 millones de inmigrantes reportaron que recibieron algún tipo de ayuda monetaria o en especie, ya sea para ellos o para sus hijos no-ciudadanos, por lo que podrían ser afectados con la regla de “carga pública” del gobierno del presidente Donald Trump.

Así lo revela un nuevo análisis de Nueva Economía Americana, que revisó por sectores, siendo las industria de comercio, transporte y servicios públicos donde hay 700,000 empleados, una de las más vulnerables.

Agrega que el 91 por ciento de todos los adultos en activo en la fuerza laboral serían afectadospor esa normativa que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó para recibir comentarios.

“Los cambios radicales resultantes de esta regla propuesta limitarán severamente la inmigración legal a los Estados Unidos y nuestra capacidad de recibir a nuestros padres y familias trabajadoras que fortalecen nuestras comunidades y fortalecen nuestra economía”, indica el reporte.

Aunado a ello, más de 1.5 millones de personas que probablemente se verán afectadas por la regla de la carga pública tienen al menos algo de educación universitaria y que su impacto también se sentiría en el sistema económico nacional.

“El ingreso anual total de los trabajadores que se vería afectado por la regla”, agrega. “Si se fueran de los Estados Unidos, nuestra economía sufriría efectos económicos indirectos negativos de más de $72,000 millones de dólares. El costo total para la economía… podría ascender a $174,000 millones”.

Apunta que “alentar o forzar a los trabajadores a salir o pasar a la clandestinidad” tendrá un efecto desestabilizador para varias industrias importantes.

Entre las empresas que podrían ser afectadas están la construcción, donde es probable que el 5 por ciento de todos los trabajadores (más de 560,000 personas) resulten con problemas; las industrias mineras con más del 6 por ciento de todos los trabajadores (más de 200,000 personas); servicios de hospitalidad, recreación y alimentos con 4.6 por ciento de todos los trabajadores (más de 550,000 personas); servicios profesionales y de negocios con casi el 3 por ciento de todos los trabajadores (aproximadamente 550,000).

El gobierno federal ha defendido su plan, alegando que impactaría a quienes “han abusado” de las ayudas federales, aunque sus reglas permitirían a oficiales migratorios considerar las ayudas por alimentación, salud -entre otras-, los ingresos del extranjero y su reporte crediticio, como aspectos para considerar que podría ser una “carga pública” para las arcas.