Edmund Zagorski fue sentenciado a la pena de muerte por el asesinato de dos hombres durante una operación de venta de drogas. John Dotson y Jimmy Porter se citaron con él para comprarle marihuana, pero Zagorski, que no tenía droga y simplemente quería atracarles, terminó por dispararles y cortarles la garganta.
El crimen ocurrió en abril de 1983 en el condado de Robertson (Tennessee). Un año después, tras ser hallado culpable, Zagorski pidió ser ejecutado en vez de pasar toda su vida en prisión. En concreto, pidió ser electrocutado.
Tras pasar 34 años en prisión, finalmente llegó la hora de su ejecución. Pero para entonces había cambiado de idea: quería vivir.
Le estaba esperando sin embargo la inyección letal. Su abogado recurrió, asegurando que este método contraviene la Octava Enmienda de la Constitución, que prohíbe un castigo “cruel o inusual”.
Pero su recurso fue rechazado. Así que el pasado martes cambió de estrategia: no quería recibir la inyección letal, quería ser electrocutado (un método de ejecución que no se usa en este estado desde 2007).
La ley estatal le permitía elegir su forma de ejecución, pero su petición fue rechazada, alegando que lo pidió fuera de plazo. Así que recurrió ante la justicia, y una corte federal decidió que no podía ser ejecutado hasta que su petición fuera examinada por el estado.
El gobernador, Bill Haslam, decidió aplazar la ejecución sólo tres horas antes de la hora final.
Y Zagorski acudió ante la Corte Suprema, no sólo para protestar contra la inyección letal como medio de ejecución cruel e inusual, sino también para alegar que no recibió la asistencia legal adecuada durante su juicio hace tres décadas.
La Corte Suprema decidió el jueves no entrar a juzgar ninguna de las dos materias. Pero la ejecución sigue paralizada, a la espera de que el estado atienda a su petición de ser electrocutado.
Zagorski ha ganado unas horas de vida, pero podría morir en breve en la silla eléctrica.