No ha hecho más que asumir su cargo como nuevo miembro de la Corte Suprema y ya el juez Brett Kavanaugh ya se ha manifestado a favor de uno de los más polémicos planes de la administración Trump.
Este miércoles el letrado se refirió a la idea de Trump de que los inmigrantes legales con antecedentes penales pueden ser arrestados y detenidos para su deportación, años después de haber sido condenados, e incluso cuando estos ya han cumplido sus sentencias.
Se trata, de acuerdo con una nota de Los Angeles Times, de una ley federal que exige la detención obligatoria y la posible deportación de “extranjeros criminales”, incluidos los inmigrantes legales que han sido condenados por delitos que van desde actos de violencia hasta la simple posesión de drogas.
Esta ley establece que el secretario de Seguridad Nacional “tomará en custodia a cualquier extranjero” con antecedentes penales, lo que podría conducir a la deportación “cuando el extranjero sea liberado”, según el rotativo.
Sin embargo, aquí el debate se enfoca justamente en cuándo debe o puede ser aplicada esta ley.
Abogados de la American Civil Liberties Union (ACLU) criticaron en una demanda colectiva presentada en California que esta política de detención obligatoria se aplicara contra inmigrantes legales que habían vivido y trabajado en su comunidad durante décadas, luego de haber cumplido condenas por delitos menores, como la posesión de drogas.
Mientras, el gobierno manifiesta que una disposición de esta ley firmada en 1996 exige el arresto y encarcelamiento de tales inmigrantes, a pesar de no poseer récord criminal posterior al cumplimiento de sus penas.
Pero ahora Kavanaugh pone en tela de juicio la afirmación de la ACLU de que esta regla de detención obligatoria debe aplicarse solo a los inmigrantes que sean detenidos en el momento en que son liberados de las cárceles locales o de las prisiones estatales, y no a quienes están en libertad desde hace años.
"El Congreso no puso un límite de tiempo -enfatizó Kavanaugh, en una posición afín a la de su patrocinador Donald Trump-. Plantea una pregunta real sobre si debemos establecer un límite de tiempo".
Kavanaugh cuestionó además los argumentos de la ACLU de que los inmigrantes detenidos deban tienen derecho a audiencias de fianza que posibilite su liberación.
“El problema es que el Congreso no confía en esas audiencias", remarcó el juez.
En 2017, el Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito de los EE.UU. dictaminó que la regla de detención obligatoria no debe aplicarse a los inmigrantes que no fueron puestos bajo custodia federal "sin demora" después de su liberación.
Esta decisión no protegió a los no ciudadanos con delitos pasados de ser arrestados o deportados, pero sí fijó que estos podrían solicitar la libertad bajo fianza si el juez determina que no son un peligro para la sociedad o que no es probable que huyan.
Antes, la ACLU había presentado una demanda en nombre de víctimas como Eduardo Padilla, quien llegó a los Estados Unidos en 1966 cuando era un menor y se hizo residente permanente legal en Sacramento, California. El hombre tiene cinco hijos y seis nietos, todos ellos nacidos en Estados Unidos.
En 1997 y 1999, Padilla cumplió dos condenas por posesión de drogas, y luego, en 2002, pasó 90 días de cárcel por posesión de una pistola descargada.
Pero en 2013, agentes federales arrestaron a Padilla por aquellos delitos acaecidos en el pasado y lo mantuvieron en la cárcel, mientras se aprobaba su deportación. Sin embargo, el acusado obtuvo la libertad luego de que el Tribunal del Noveno Circuito dictaminara que la disposición de "detención obligatoria" no se aplicaba a inmigrantes como Padilla.
Padilla fue liberado con una fianza de 1,500 dólares ya que un juez determinó que no representaba un peligro para la sociedad y que no era probable que huyera.
Ahora un abogado del gobierno de Trump ha instado al tribunal superior a revertir la orden del Noveno Circuito y a mantener la detención obligatoria para todos los inmigrantes con delitos, independientemente de cuánto tiempo lleven estos en libertad.
“Nuestra posición es que este es obligatorio -declaró Zachary Tripp, asistente del fiscal general-. Es una prioridad urgente".
Mientras, el juez Stephen Breyer y otros tres letrados liberales se preguntó si el Congreso estaba de acuerdo con semejante medida. “Aquí hay un asunto constitucional”, dijo, en referencia a si cualquier persona en Estados Unidos puede ser arrestada y detenida indefinidamente sin que medie una audiencia.
Breyer recordó que la Constitución determina que ninguna persona será privada de su libertad sin el debido proceso legal, por lo que esa cláusula también se debe aplicar a los inmigrantes que residan en el país.
¿Puede el gobierno “arrestar a un abuelo después de 50 años?”, se preguntó.
Del otro lado de esta batalla, los jueces conservadores en la corte, encabezados por el juez Samuel A. Alito Jr., enfatizaron en que no estaban dispuestos a limitar la autoridad de los agentes federales.