Un juez federal de California ha aprobado este miércoles una petición preliminar para bloquear temporalmente la decisión del Gobierno presidido por Donald Tump de acabar con el programa de protección temporal (TPS), que protege de la deportación cientos de miles de inmigrantes (entre ellos, de El Salvador, Honduras y Nicaragua). El Departamento de Justicia ha respondido que el fallo judicial "usurpa el papel del poder Ejecutivo" y que "seguirá luchando" por el cumplimiento de las leyes de inmigración y por la seguridad nacional.
El juez Edward Chen ha dictaminado que el Gobierno debe mantener el TPS (con permisos de residencia y autorizaciones de trabajo) durante el tiempo que dure el proceso judicial interpuesto por organizaciones de derechos civiles contra la decisión del Departamento de Seguridad Nacional de cancelar este programa.
El Gobierno decidió suspender esta protección, de la que se beneficiaban unos 2.500 nicaragüenses (que tendrán que dejar el país antes de enero 2019), 86.000 hondureños (tendrán que marcharse antes de enero de 2020), y 257.000 salvadoreños (tendrán que marcharse antes de septiembre de 2019).
En total, hay 436.000 inmigrantes protegidos por el TPS, que permitió su llegada a Estados Unidos después de catástrofes naturales o sociales en sus países de origen, en ocasiones hace décadas.