Una investigación detallada de The New York Times publicada este martes involucra al patriarca de la familia Trump, Fred Trump, y a sus hijos, en tácticas impositivas cuestionables, incluido el fraude, para aumentar la fortuna familiar y posiblemente evadir impuestos.
Ahora , un miembro de la familia Trump debe estar especialmente preocupado por la posibilidad de que se produzca una impugnación como resultado de las revelaciones. Y no se trata del presidente.
Es una jueza.
Maryanne Trump Barry, hermana del presidente Trump, ha sido jueza principal de la Corte de Apelaciones del Tercer Circuito de Estados Unidos, con sede en Filadelfia. En junio de 2011, Barry, ahora de 81 años, asumió el estatus de senior, una forma de semirretiro que aún les permite a los jueces escuchar y decidir sobre ciertos casos.
En 2017, Trump Barry pasó al estado de juez senior inactivo y ahora no aparece en la lista digital de jueces de la Corte.
El estado de senior inactivo significa que un juez retiene la autoridad judicial y que puede regresar al estado de senior activo.
Un juez con estatus de persona inactiva no tiene personal y no trabaja, pero aún recibe aumentos salariales de costo de vida y otros beneficios.
De acuerdo con la Asociación de Jueces Federales, hay aproximadamente 100 jueces de distrito federal o de apelación, ya sea en estado senior inactivo o estado deshabilitado. El estatuto que establece las opciones para la jubilación judicial permite a un juez "conservar la oficina, aunque debe retirarse del servicio activo regular".
Puede darse el caso de que el estado de senior inactivo signifique que un juez ya ha "abandonado" el estrado. Pero si no lo hace, esta acusación sigue siendo una posible amenaza para cualquier juez federal.
Desde 1989, solo hay cinco opciones para abandonar el poder judicial federal: remoción, renuncia, jubilación, estatus de senior y muerte. Si Barry todavía es considerado como jueza, entonces la historia que relata The New York Times sobre la familia Trump pudiera provocar su destitución.
A lo largo de la investigación del periódico, se hace referencia a Barry, con quien "a menudo" Fred Trump solía consultar, en tanto jueza federal, sobre asuntos legales.
También se dice que estuvo presente en unas reuniones que tuvieron lugar en 2003 en la Torre Trump “para realizar una de sus actualizaciones periódicas sobre el imperio heredado", junto a sus hermanos y a Allen Weisselberg, el director de finanzas de la Organización Trump (a quien las autoridades federales recientemente le concedieron la inmunidad).
El informe de The New York Times descubrió que Donald Trump “y sus hermanos crearon una empresa falsa para hacer pasar millones de dólares como regalos de sus padres, según muestran los registros y las entrevistas”, así como que las propiedades les fueron transferidas a él y a sus hermanos utilizando una planificación fiscal cuestionable.
The Times no especifica cuál de los hermanos creó la "corporación falsa", pero se desprende de la investigación que todos los hermanos, incluida Barry, al menos se beneficiaron de estas dudosas prácticas de transferencia y declaración de impuestos.
Más allá de la cuestión de si la jueza Barry participó con plena conciencia en un intento de estafar al gobierno de Estados Unidos en su declaración de ingresos fiscales, el informe alega específicamente que la hermana del presidente le ofreció asesoramiento legal a su padre.
De acuerdo con el Código de Conducta para jueces federales, “un juez no debe ejercer la ley y no debe actuar en ningún foro como abogado de un miembro de la familia. Sin embargo, un juez puede, sin mediar compensación, brindar asesoramiento legal a un miembro de su familia”.
La pregunta es: ¿recibió ella compensación por esa asesoría? Esto requeriría un análisis cuidadoso de los registros fiscales y de negocios. Y si Barry participó activamente en las reuniones, se podría sugerir que sí hubo compensación.
En el peor de los casos, todos los hermanos Trump estaban involucrados en lo que The New York Times llama prácticas tributarias "fraudulentas".
Si es así, y si Barry participaba en ellas a sabiendas, la anciana podría ser acusada. (Aunque es poco probable que esto ocurra mientras los republicanos controlen la Cámara de Representantes; si los demócratas devienen mayoría, esta sería una posibilidad política).
De los 19 juicios de destitución ocurridos en la historia de nuestro país, una gran mayoría (15 en total) han sido contra jueces federales.
Robert Archbald, también juez de la Corte de Apelaciones del Tercer Circuito, fue acusado en 1912 por cargos de relaciones comerciales inapropiadas con litigantes. Luego fue condenado por el Senado y destituido de su cargo en 1913.
Halsted Ritter, un juez del Tribunal del Distrito para el Distrito Sur de Florida, fue destituido de su cargo luego de un juicio político y condenado en 1936 por cargos que incluían la práctica de la ley mientras fungía como juez.
Harry Claiborne, del Tribunal de Distrito para el Distrito de Nevada, fue destituido en 1986 por cargos que incluían evasión del impuesto a la renta.
Tiene sentido que la mayoría de las veces se trate de juicios políticos contra jueces, a diferencia de otros funcionarios que sirven de por vida y que no pueden ser destituidos en el próximo ciclo electoral.
Pero hay poca orientación concreta sobre lo que es una ofensa de destitución para un juez. Con Barry, la situación no está clara, incluida una cuestión preliminar importante: si un juez senior e inactivo sigue siendo un "juez" para fines de una impugnación.