Las denuncias de las víctimas latinas de abusos sexuales salpican a la Archidiócesis de Galveston-Houston

Este joven es una de las cuatro víctimas de la demanda civil que implicaba a Benedicto XVI por encubrimiento de casos de abuso sexual. Ésta es su denuncia.

Tenía 12 años.

“Después de que me acostó, él se recostó también en la cama, me desabrochó los pantalones y me empezó a tocar en mis partes y después de no sé cuánto tiempo, de repente paró, se levantó y me dijo que me levantara, que me abrochara los pantalones y que esto iba a quedar entre nosotros dos”.

No quiere recordar más, pero su declaración judicial del año 2004 es explícita y detallada hasta el horror.

Este joven de 34 años que accedió a hablar con NOTICIAS TELEMUNDO INVESTIGA bajo condición de anonimato es una de las cuatro víctimas de la demanda civil que implicaba a Joseph Ratzinger por encubrimiento de casos de abuso sexual en la Iglesia Católica. El nombre con el que aparece en esa demanda es John Doe III. El acusado era Juan Carlos Patiño-Arango.

Patiño Arango llegó a Houston procedente de Colombia en el año 1994 gracias a una beca pastoral.

Solo un año después de su llegada, la Archidiócesis de Galveston-Houston le suspendió como seminarista porque supuestamente, tocó inapropiadamente a un niño. Así lo recoge una carta que la Archidiócesis le envía a Patiño. 

Pero los padres de ese niño, según documentos de corte, no quisieron hacer una acusación formal. John Doe III cree que si los padres de aquel niño hubieran denunciado, quizás él no habría tenido que pasar por todo lo que pasó. Él sí terminó denunciando, pero solo pudo hacerlo al cabo de diez años.

“Él era bien carismático, la gente lo quería bastante y no sé… pensé que no me creerían” John Doe III ni siquiera se atrevió a contárselo a sus padres, inmigrantes mexicanos. Su familia era muy activa en las actividades de la parroquia de St. Francis de Sales, donde se produjeron los hechos que denuncia.

Por qué las víctimas tardan tanto en hablar es una de las preguntas más comunes cuando se habla de estos casos. Tahira Merrit, la abogada criminalista que ha litigado cientos de casos similares, tiene una respuesta: “Es extremadamente vergonzoso en la comunidad hispana, especialmente para los hombres, dar un paso adelante para hablar, sobre todo si se trata de un chico que ha sido violado”, explica. 

Las víctimas, traumatizadas por los abusos, pueden llegar a tardar décadas en hablar y cuando llega el momento en que quieren denunciar, en muchas ocasiones los delitos ya  han prescrito. 

Patiño-Arango fue apartado de la parroquia dos meses después de la primera denuncia en su contra y regresó a Colombia. Desde 2015 no se conoce su paradero. 

En la demanda que John Doe III interpuso junto con otras tres víctimas, los abogados describen lo que creen que era el modus operandi de Patiño-Arango: “Se presentaba como psicólogo y le decía a los demandantes y a sus padres que ejercería como consejero. Era durante esas sesiones cuando Arango abusaba sexualmente de ellos”

Patiño fue acusado de abusos sexuales y la Archidiócesis de Houston-Galveston, de encubrimiento. La línea de defensa de los abogados fue que “los demandados en la Archidiócesis estaban al corriente de que Patiño Arango ofrecía consejo a los chicos jóvenes de la parrouia. De hecho, los demandados en la Archidiócesis siguieron permitiendo a Patiño Arango ejercer de consejero de chicos jóvenes después de saber de su pedofilia”

El caso llegó a la corte federal en 2005 y el cardenal Joseph Ratzinger también fue acusado de encubridor. Precisamente en esa época, Ratzinger investigaba abusos sexuales por encargo del Vaticano. Pero al ser elegido Papa como Benedicto XVI, el Departamento de Estado de los EEUU medió para que le dieran inmunidad en calidad de jefe de Estado, y logró eludir la demanda.

El litigio se resolvió, como tantas otras veces, compensando económicamente a las víctimas.

El padre Thomas P. Doyle, especialista en Derecho canónico, fue una de las primeras voces en denunciar el encubrimiento en la Iglesia: “Los obispos han ofendido de dos maneras: una, han encubierto, han sido criminalmente negligentes. Y otra, han tratado a las víctimas como si fueran el enemigo”, asevera preguntado por NOTICIAS TELEMUNDO INVESTIGA.

Los casos de abusos sexuales se iban acumulando hasta llegar a la investigación del gran jurado de Pensilvania. Las revelaciones fueron publicadas en agosto de este año y con ellas salieron a la luz 300 sacerdotes implicados y 1,000 víctimas. Este anuncio impulsó a más gente a denunciar su caso. Entre ellos, los latinos. 

Ese mismo mes, dos personas denunciaron en Texas al padre Manuel La-Rosa López por abusos sexuales presuntamente cometidos en los años 90 y 2000.

La-Rosa López se entregó a la policía, pero está en libertad con cargos después de pagar una fianza de $375,000. El caso está siendo investigado por la fiscalía y salpica a la Archidiócesis de Galveston-Houston, que representa a 1.7 millones de latinos en el sur de Texas. Al frente de la diócesis está el cardenal Daniel Di Nardo, y fue él quien nombró a La-Rosa López vicario episcolpal para la comunidad hispana en 2010. Ese mismo año, según la denuncia de las víctimas, acudieron a la Archidiócesis para alertarles de su comportamiento. Una de las víctimas, una mujer, afirma que Di Nardo y la hermana Maureen O´Connell, al frente de la secretaría de atención a víctimas de abusos, le aseguraron que La-Rosa López ya no ejercía como sacerdote. Al percatarse de que en realidad le habían promovido como sacerdote en Richmond, decidió acudir a la policía. 

Preguntada por NOTICIAS TELEMUNDO INVESTIGA, la Archidiócesis responde que está cooperando plenamente con la investigación. Los fiscales han registrado un centro de rehabilitación donde supuestamente estuvo internado La-Rosa López en busca de documentación e informes médicos.

Di Nardo, entretanto, acudió con los obispos de EEUU a una reunión con el Papa Francisco tras la cual anunciaron “medidas específicas para restaurar la justicia”. Hubo otro anuncio en esa línea, la del Arzobispo de Nueva York, Timothy Dolan: el establecimiento en Nueva York de un sistema independiente  que recibirá denuncias y que será supervisado por la juez Barbara Jones. 

Para el padre Doyle, la solución no puede partir del mismo sitio donde se inció el problema: “Las autoridades civiles y judiciales deberían involucrarse. La Iglesia nunca va a decir toda la verdad. No van a revelar la extension del daño. Y también se trata de una cultura del cambio; no solo en la Iglesia, sino en la sociedad. Hay que dejar de tratar a la Iglesia de una manera distinta a la que trataríamos a cualquier otra compañía”, asegura.

John Doe III está de acuerdo. Cree que hay que denunciar ante las autoridades civiles; no eclesiásticas:

“Hay que denunciar a la policía. Necesitamos hablar y tener confianza y fe de que no lo van a juzgar a uno porque uno no hizo algo malo” .