El Gobierno admite gravísimos errores durante la separación de familias inmigrantes en la frontera

El Departamento de Seguridad Nacional reconoce que algunos padres no fueron informados de que perderían a sus hijos, no se les dejó comunicarse con ellos, y no se hicieron todas las pruebas necesarias para devolver a cada niño a la familia correcta.

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El Gobierno que preside Donald Trump no estaba preparado para poner en marcha su política de tolerancia cero en la frontera, y quienes sufrieron las consecuencias fueron los 3.000 niños separados de sus padres tras entrar ilegalmente en el país, según reconoce un durísimo informe del Departamento de Seguridad Nacional hecho público este martes.

El fiscal general, Jeff Sessions, ordenó el 6 de abril a los fiscales que procesaran como criminales a todos los inmigrantes que cruzaran la frontera sin permiso. Sessions ha defendido que esa política de tolerancia cero (que estuvo en vigor del 5 de mayo al 20 de junio) sirvió como arma de disuasión, aunque las cifras de detenidos en la frontera en los últimos meses parecen desmentirle.  

La principal consecuencia fue sin embargo la separación de familias (los padres eran encarcelados a la espera de juicio, y los niños encerrados solos en centros de detención), que causó tal revuelo social que Trump firmó el 20 de junio una orden para frenar estas separación. De los 2.597 menores separados de sus padres durante mayo y junio, quedan aún casi 400 que no han sido devueltos a sus familias (el resto lo fue porque un juez federal lo ordenó el 26 de junio).

La Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional  realizó visitas sorpresa a instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en El Paso y McAllen (Texas) entre el 26 y 28 de junio.

Entre sus principales conclusiones: los niños fueron separados de sus padres durante mucho tiempo (en ocasiones, hasta 25 días) en instalaciones para estancias mucho más reducidas; las limitaciones tecnológicas dificultaron la identificación de las familias (y, luego, su reunificación); y no se explicó a algunos padres que iban a ser separados de sus hijos, y tampoco se les permitió comunicarse con ellos.

El informe explica además que, al instar a los solicitantes de asilo a acudir a los puertos de control en la frontera, éstos se colapsaron y algunos inmigrantes decidieron cruzar de forma ilegal en vez de esperar a ser entrevistados allí.

Las instalaciones migratorias para menores no están preparadas para albergarlo durante más de 72 horas porque ése es el limite fijado por un acuerdo judicial para mantenerlos bajo custodia. Pero ese tope se incumplió en la mayoría de los casos, según señala el informe, no sólo para los menores separados de sus padres, sino para todos los menores no acompañados que cruzaron la frontera; aunque la media fue de 65 horas, algunos pasaron hasta 25 días bajo custodia.

En algunos casos, las autoridades migratorias hicieron más complicado que estos menores no acompañados pudieran ser puestos en manos de sponsors, al no proporcionar la información que les requería el Departamento de Salud (encargado de buscar familias que se hagan cargo de los niños). Un patrullero fronterizo incluso reconoce que no se contó con todos los recursos necesarios para asegurarse de que los niños regresaran con sus verdaderos padres.