Agresores sexuales indocumentados piden ser repatriados, pero California no quiere

Cuando lo más deseado por muchos sería que los inmigrantes condenados por delitos sexuales fueran deportados a sus respectivos países, el estado de California se rehúsa a llevar a cabo este trámite y sigue destinando millones de dólares para mantenerlos tras las rejas.

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cuando lo más deseado por muchos sería que los inmigrantes condenados por delitos sexuales fueran deportados a sus respectivos países, el estado de california se rehúsa a llevar a cabo este trámite y sigue destinando millones de dólares para mantenerlos tras las rejas.

este es el caso de leo gutiérrez, un salvadoreño que cumplió su condena como depredador sexual, enfermó de los riñones mientras permanecía en prisión y a quien sus familiares le garantizan un trasplante de riñón apenas pueda regresar.

mientras que muchos indocumentados en estados unidos se resisten a la idea de ser deportados, gutiérrez sí desea su regreso a casa, aunque por el momento esto se le hace imposible.

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“le pregunté a las autoridades por qué no me liberan y me dijeron que el hospital dice que todavía estoy pagando por un crimen. pero eso no es verdad. yo terminé mi condena en 2001”, asegura para el diario fresno bee este hombre de 49 años que es uno de los 1,300 delincuentes sexuales que, conforme a la ley estatal, son enviados al hospital de salud mental de coalinga, en el condado de fresno, después de cumplir sus condenas.

"no sé por qué hice lo que hice, pero no puedo corregirlo. y todo este tiempo he permanecido en este lugar”, continúa.

gutiérrez recibe una diálisis tres veces por semana. todo pagado por el estado de california, desde hace un año y medio.

de acuerdo con estimados del sistema de datos renales de eeuu, el costo de un año de tratamiento de diálisis estaría alrededor de los 89,000 dólares, a lo que habría que agregarles los costos de transportación.

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“¿en qué se diferencia este lugar de guantánamo? -se pregunta- estamos aquí para siempre”.

lo llamativo del caso es que las vidas de unos 30 prisioneros indocumentados que continúan en esta situación parecen regirse por una jurisdicción que no está escrita en ningún lugar. no son prisioneros, pero son considerados como “detenidos civiles”.

eso quiere decir que entraron al país de manera ilegal, cometieron delitos y ya cumplieron sus condenas de prisión. sin embargo, puesto que desde 1996 el estado ha ordenado una evaluación mental para todos los delincuentes sexuales, estos exprisioneros inmigrantes continúan en coalinga.

no son casos aislados. veinte estados tienen programas similares, incluido washington, donde una instalación en una isla alberga agresores sexuales convictos, y muchos llevan allí más de una década.

mientras, el departamento de hospitales estatales insiste en que no rastrea el estatus migratorio de sus pacientes y que solo un juez puede decidir si estos pacientes están listos para ser liberados; ice se lava las manos y asegura que la decisión de cualquier liberación depende del estado.

por otra parte, aunque las autoridades federales de inmigración enfatizan en que los indocumentados que cometan cualquier tipo de delito siguen estando en el primer lugar de la lista de las personas deportables, otros grupos de opinión no dejan de hacerse ciertas preguntas:

¿qué sucede si vuelven a ingresar a los estados unidos? ¿y si vuelven a delinquir? ¿tiene eeuu la responsabilidad si estos depredadores reinciden en otro país luego de ser deportados? ¿vale la pena asumir el alto costo de mantenerlos en el coalinga state hospital a cambio de la tranquilidad de la población? ¿puede mantenerse esta situación de por vida? ¿acaso es legal?

para rudy kraft, abogado de gutiérrez, “el estado asume que no puede garantizar que no el reo no cometa nuevos delitos sexuales en su país de origen, una vez que sea deportado”. y ese parece ser el mayor freno a la decisión de no deportarlos, para evitar problemas con sus naciones de origen.

“en un sistema sensato -dice kraft para fresno bee-, elaboramos un programa de supervisión conjunta con el país de origen y les permitimos a ellos decidir cómo vigilarlo. pero no hay garantías de nada más”.

ahora, debido a su precario estado de salud, leo gutiérrez tiene que volver a convencer a un juez de que no representa una amenaza para la sociedad. sin embargo, el salvadoreño no ha tenido suerte.

ya a inicios de 2018, la justicia le negó lo que se considera como “liberación compasiva”, un recurso que conduce a la revocación de una pena de prisión, una vez que se demuestra que al prisionero le quedan unos seis meses de vida.

“la ley no existe para estas personas -lamenta kraft, quien lleva casi 20 años representando a delincuentes sexuales-. el sistema se opone a la liberación de cualquier tipo de personas, pero en cuanto a los indocumentados, el enfoque filosófico parece ser que ningún país supervisa a los delincuentes sexuales mejor que nosotros, y que por lo tanto debemos mantenerlos aquí".

en medio de esta situación, gutiérrez, quien fuera declarado culpable en 1998, no se refiere de ninguna manera a los detalles de su delito, aunque the fresno bee sí ha sabido al revisar la página web que rastrea a los delincuentes sexuales, amparada en la ley megan, que se trató de “actos lujuriosos y lascivos” contra un menor de 14 años.

“a veces entiendo por qué nadie quiere ayudarnos -precisa-, pero se supone que la ley existe para nosotros. y la están ignorando”, dice el hombre.

algo similar ocurre con juan cordero, otro paciente del hospital estatal coalinga que aspira a ser deportado a méxico, conforme a las varias órdenes de deportación que ha recibido en los últimos años, la primera de ellas en el lejano 2001. sin embargo, este hombre continúa viviendo en coalinga.

luego de cumplir dos años de prisión por violar a una mujer en 1988, cordero regresó a la prisión estatal de folsom por un período más prolongado, tras escapar del estado arrastrando consigo un delito de allanamiento de morada que cometió en 1992.

al cumplir sus ocho años de cárcel, cordero se vio en un centro de detención de inmigrantes en san pedro, a la espera de una deportación que nunca tuvo lugar.

“quiero ser deportado, pero no me deportarán -lamenta este hombre de 62 años-. inmigración dice que tengo que terminar mi sentencia de prisión, pero yo ya pagué los delitos que cometí. solo quieren mantenerme encerrado aquí por el resto de mi vida, y se están saliendo con la suya”.

de ahí que cordero se dirija a donald trump como si tuviera la oportunidad de hablarle a la cara y le diga: “dijiste que deberíamos ser una prioridad [para la deportación]”…

pero desde 2001 consta que la oficina del fiscal del distrito del condado de los ángeles presentó una petición ante ice pidiéndole que no deporten a cordero y que le permitan ser tratado durante dos años en un centro de salud mental.

lo que pasa es que no han transcurrido dos años, sino 17 en los que el mexicano ha estado como detenido civil, primero en el hospital estatal de atascadero y luego en coalinga. en este lapso, la vicefiscal del distrito del condado de los ángeles, sue lasicka, calificó al detenido como “delincuente sexual violento que se había fugado previamente del estado” y recomendó que permaneciera bajo custodia estatal hasta que terminara su caso.

“el tratamiento sería lo mejor para los ciudadanos de california", dijo lasicka.

otro caso similar es el de dougal samuels, quien fue liberado de prisión en 1997, después de haber sido sentenciado a nueve años de prisión por violar a un niño de 14 años.

pero "nueve años se convirtieron en 31 años", dice este hombre de 62 años, y enfatiza en su larga estancia en hospitales estatales de salud mental.

desde entonces, samuels se ha entrevistado en varias ocasiones con ice y ha firmado documentos donde atestigua que es consciente de su inminente expulsión del país, pero esto nunca ha sido suficiente para que aprueben su deportación a jamaica.

“todos parecen estar de acuerdo conmigo, pero nadie hace nada. todo el mundo se pasa la pelota -lamenta samuels-. he intentado de todas las formas posibles que inmigración me devuelva a mi país, y durante 20 años me han peloteado”.

sin embargo, para muchos no está claro si los programas de terapia realmente funcionan. estos asumen que el dinero empleado debería ser utilizado para evitar que nuevos crímenes ocurran, en lugar de tratar de reparar sus daños después de ocurridos.

los partidarios de la ley dicen que el estado debe hacer lo que sea necesario para proteger a las personas de los violadores y los abusadores de menores.

sea como sea, la constitucionalidad de estos programas no ha dejado de ser cuestionada. en 2015, inglaterra se negó a extraditar a un hombre de california que había huido allí después de cometer crímenes sexuales, con el argumento de que el programa de compromiso civil en coalinga, a donde habría sido enviado, violaba sus derechos humanos.