El gobernador de Caifornia, Jerry Brown, vetó dos proyectos de ley que hubieran favorecido a los inmigrantes ilegales y residentes con documentos en regla que residen en California.
Se trata de la ley SB349 que prohibía a los agentes de inmigración arrestar a inmigrantes indocumentados que se encontraran dentro de edificios federales, y la ley SB174, que les hubiera permitido a los residentes legales formar parte de juntas y comisiones estatales y hubiera convertido a California en el primer estado del país en aprobar la medida.
"Este proyecto de ley abriría todas las juntas y comisiones a los no ciudadanos. Creo que la ley existente -que requiere ciudadanía para estas formas de servicio público- es el mejor camino", dijo Brown, de acuerdo a Mercury News.
El senador demócrata Ricardo Lara, quien impulsó ambas reformas, respondio a la negativa a través de un correo.
"Hubo un tiempo en que los chinos, japoneses, afroamericanos y católicos estadounidenses no pudieron servir, y California eliminó esas barreras. Predigo que esta barrera eventualmente caerá", reafirmó.
Si bien el gobernador vetó el proyecto, también dijo que lo apoyaba pero había tomado la decisión de no darle luz verde por miedo a consecuencias imprevistas.
Brown prefiere esperar a que sea el fiscal general del estado quien de a conocer el modelo de las políticas relacionadas con las leyes de inmigración que se toman en los tribunales.
"La gobernanza pertenece a los ciudadanos de una nación. Incluso Jerry Brown entiende que la ciudadanía tiene que significar algo", dijo el concejal de West Covina, Mike Spence, cuyo consejo se opuso a la SB-174.
Pero las malas noticias para los inmigrantes indocumentados no terminan aquí. El juez James Crandall, de la Corte Superior del Condado Orange, autorizó a la ciudad de Huntington Beach a no apoyar la Ley SB 54 que convierte a California en un estado santuario y limita la colaboración entre las autoridades locales y los agentes de inmigración.
Huntington Beach fue una de las jurisdicciones de California que trató de detener esa ley estatal que entró en vigor a inicios del 2018 bajo el impulso de los demócratas del estado, quienes la habían adoptado como un golpe político a la administración de Donald Trump.