Fuerzas federales mexicanas han desarmado a toda la policía local del puerto de Acapulco ante la sospecha de que pudiera estar infiltrada por grupos criminales, y han quedado al mando de la seguridad de este municipio turístico en la costa del océano Pacífico.
En la operación participaron efectivos del Ejército, la Marina, y la Policía Federal y estatal de Guerrero, según ha informado el responsable de seguridad de este estado sureño. Las autoridades estatales se quedaron con el armamento, los chalecos antibalas, la munición y las radios de los agentes locales.
Además, dos mandos operativos de la policía local fueron detenidos, acusados de homicidio, y el jefe de la policía de tráfico fue puesto a disposición de las autoridades federales por tenencia de armas no oficiales. El resto de agentes están aún bajo investigación, según el portavoz de seguridad del estado, Roberto Álvarez Heredia, a la espera de evaluar si son de fiar.
La operación se desencadenó por el incremento de violencia registrado en Acapulco y la “nula actuación de la policía municipal para enfrentar el fenómeno delictivo”. El año pasado, esta ciudad de 800.0000 habitantes tuvo una tasa de homicidios de 103 por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del país y del mundo entero.
El desarme de policías locales se ha repetido en distintos puntos del país en los últimos meses, ante la sospecha de que estén infiltrados por el crimen organizado. Sólo en Guerrero ha afectado a una docena de pueblos y ciudades desde 2014, incluida la capital del estado, Chilpancingo.
En el fronterizo estado de Tamaulipas, en el noreste del país y una de las regiones con mayor actividad del crimen organizado, han sido desmanteladas la gran mayoría de policías locales desde 2011. Tanto en Guerrero como en Tamaulipas, investigaciones federales han demostrado la participación de agentes municipales en el secuestro o desaparición de personas.