El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) ha detenido a 41 inmigrantes indocumentados que se presentaron ante el Departamento de Salud para pedir la custodia de menores que cruzaron la frontera solos o que fueron separados de sus padres tras ser detenidos. El Gobierno de Donald Trump exige desde mayo que aquellos que quieran acoger a estos niños deben proporcionar sus huellas dactilares. Eso ha provocado no sólo estas 41 detenciones, sino además el miedo de familiares y amigos que quieren ayudar a estos niños pero temen por su futuro. Entre tanto, ya son casi 13.000 menores los que esperan en centros de detención: cada vez son más, y cada vez tienen que pasar más tiempo en estas instalaciones, donde sufren e incluso amenazan con quitarse la vida.
Estados Unidos sufre una grave crisis migratoria, y el exponente más desesperado quizá sea la llegada de menores sin acompañante: en el año fiscal de 2018 (del 1 de octubre al 30 de septiembre), la Patrulla Fronteriza ha interceptado ya a 45.704. Es decir, sin haber acabado ya el año fiscal, se han superado las cifras del 2017 (41.435 menores) y 2015 (39.970 menores). Y se acerca a las cifras de 2016, cuando se arrestó a 59.692 menores dentro de la avalancha provocada por el temor a las promesas de mano dura del entonces candidato republicano y ahora presidente, Donald Trump.
La consecuencia de la llegada masiva de menores ha sido que los centros de detención para menores inmigrantes están llenos a rebosar, y el Departamento de Salud cada vez tarda más tiempo en encontrar a familiares o personas de confianza con las que enviar a vivir a estos muchachos.
Si en mayo de 2017 había 2.400 menores bajo custodia federal a la espera de ser entregados a una familia de confianza, ahora hay 12.800, según la cifra publicada la semana pasada por el diario The New York Times.
Esta crisis se ha visto agravada por la política de tolerancia cero puesta en marcha en mayo y junio por el Gobierno para procesar como criminales a todos los inmigrantes que cruzaran ilegalmente la frontera, y que tuvo como consecuencia que más de 2.000 niños que habían llegado con sus familias fueron separados de sus padres y puestos bajo custodia federal. De ellos, aún quedan al menos 416 separados de sus padres.
Así pues, el Gobierno tiene casi 13.000 menores en sus centros de detención. Algunos pasan allí meses y meses, y en su desesperación se plantean incluso quitarse la vida. La estancia media en 2017 eran 34 días, pero ahora roza los dos meses. En parte, porque llegan más menores. En parte, porque cada vez es más difícil encontrar una familiar o persona de confianza a quien entregárselos.
A finales de mayo, el Gobierno decidió que, aquellos que quisieran hacerse con la custodia de uno de estos menores, debían proveer sus huellas dactilares para que el Departamento de Seguridad Nacional las chequeara. El objetivo era evitar que pudieran quedar en manos de pandilleros y criminales. Pero, además, se ha utilizado para que ICE atrape a algunos inmigrantes que acudieron a reclamar a esos niños.
Así lo ha admitido Matthew Albence, vicedirector de ICE, en su comparecencia del martes ante el Comité de Seguridad Nacional del Senado, que adelantó CNN. Cerca del 80% de las personas que piden la custodia de esos menores, o que forman parte de la familia con la que iría a vivir el menor, están en el país de forma ilegal, según Albence, que añade que “una gran porción” de ellos tienen además antecedentes criminales.
Según reveló en su comparecencia, ICE ha detenido a 41 inmigrantes indocumentados que intentaron hacerse con la custodia de estos menores, quizá familiares suyos, quizá hijos de un amigo o conocidos que han sido deportados.