El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ha citado en años recientes a inmigrantes indocumentados para que se presenten a un proceso de remoción, sin especificar los detalles de la audiencia en la notificación que les envían. Esto ha resultado en que muchos no se han presentado cuando les correspondía lo que afectaría sus posibilidades de obtener un remedio migratorio.
Pero un dictamen de la Corte Suprema detiene esta práctica y podría dar un alivio migratorio a muchos indocumentados que han recibido este tipo de notificaciones.
La Corte dictaminó en junio que una notificación que no especifique la fecha y el lugar para la audiencia “no detiene el reloj que mide el tiempo de permanencia” en el país. El dictamen contó con la aprobación de ocho de los nueve magistrados de la Corte.
La decisión vino luego de que las autoridades migratorias dieron orden de presentación a un indocumentado, pero no le especificaran cuando ni dónde debía comparecer por lo que no se presentó.
Las raíces de la ley
Wescley Fonseca Pereira emigró de Brasil a los Estados Unidos en 2000 bajo una visa temporal. Se casó, tuvo dos hijas, y trabajaba como carpintero en el estado de Massachusetts donde es conocido por ser un querido miembro de la comunidad.
Pero en 2006 recibió una notificación emitida por DHS tras un arresto por manejar bajo influencias del alcohol. La notificación de comparecencia ante la corte no llevaba la fecha ni hora de la cita por lo que Pereira no acudió.
Un año después, recibió otra notificación con los detalles para presentarse en corte, pero la misma fue enviada a una dirección incorrecta. Por no presentarse en la audiencia, la corte de inmigración ordenó su deportación in absentia, según documentos de la Corte Suprema. Al no saber que contaba con una orden de deportación, el hombre de origen brasilero permaneció en los Estados Unidos de manera ilegal.
En 2013, volvió a caer bajo la mirada de las autoridades al ser arrestado por una falta vial y fue entregado a las autoridades de inmigración que consideraron su deportación, indican documentos del Proyecto Nacional de Inmigración que hace seguimiento al caso.
Los abogados de Pereira argumentaron que al ser un miembro de la comunidad con buen carácter moral que vivió en EE. UU. por más de 10 años, su orden de deportación podía ser cancelada.
Bajo una ley de inmigración de 1996, aquellos que son sujetos a procesos de deportación pueden pedir su cancelación si han estado “físicamente presentes por un período continuo de al menos 10 años”, además de tener buen carácter moral, entre otros requisitos. Pero este tiempo de permanencia caduca una vez que hayan recibido una notificación para su deportación.
La corte de inmigración argumentó contra Pereira que el ‘tiempo de permanencia’ en el país se detuvo en 2006 cuando le enviaron la notificación, que dice nunca recibió. Por lo que el gobierno insistía en que su tiempo en el país bajo buena conducta era de seis años, no diez.
Bajo esta medida que ahora lleva su nombre, su tiempo de permanencia en el país sigue corriendo ya que la notificación que se le envió era errónea.
En su opinión, la juez Sonia Sotomayor explicó que una notificación que no informe a un no ciudadano de cuándo y dónde presentarse para el proceso de remoción no detiene el reloj que mide el tiempo de permanencia.
“Si un documento que no especifica ni el tiempo ni el lugar para el proceso de remoción, ¿activa la norma que detiene el tiempo de permanencia? La respuesta es tan obvia como parece: no”, dijo la jueza por la mayoría en su opinión.
Cambio para muchos inmigrantes
La abogada de inmigración Alma Rosa Nieto explicó en entrevista telefónica con Noticias Telemundo que la ahora conocida moción Pereira abre la puerta a muchos que podrán seguir luchando para quedarse legalmente en el país.
“Esto permite reabrir el caso, y después ver a un juez para poder pedir algún tipo de remedio”, explicó Nieto sobre aquellos que hayan recibido estas notificaciones erradas, agregando que la medida también se extiende a personas que ya han sido deportadas.
“El reloj se paraba cuando llegaba la notificación de la Corte, pero cuando esa notificación es deficiente el reloj no se para”, dijo Nieto.
La abogada explicó que las personas tienen de 30 a 90 días para activar estas mociones, desde la orden de la Corte el 23 de julio. También, aquellos que no estén informados de la moción hasta después que se venza el plazo podrán archivarlo si indican en su testimonio que desconocían de esta posibilidad que los podría beneficiar.