El fiscal general, Jeff Sessions, ha presionado este lunes de nuevo a los jueces de inmigración, que deciden sobre las peticiones de asilo y dependen del Departamento de Justicia, para que tomen sus decisiones lo más rápido posible y reduzcan así el número de casos pendientes (a finales de junio había 730.000).
Sessions ha instado a los jueces a ser “imaginativos y creativos” para hacer frente al gran número de casos pendientes. “No me voy a disculpar por esperar que actúen a gran nivel, de forma eficaz y eficiente”, ha añadido.
Lo ha hecho en un acto de bienvenida a 44 nuevos jueces celebrado en Falls Church (Virginia), durante el que se ha comprometido a aumentar un 50% el número de magistrados respecto al inicio de la presidencia de Donald Trump. En octubre de 2016 había 289 jueces en los 58 cortes de inmigración. En enero de 2018 había ya 330, y el objetivo del Departamento de Justicia es llegar a 484 en 2019, según la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno.
“Tienen la obligación de decidir los casos de forma eficaz y de que nuestras leyes federales sigan operando de forma eficaz, justa y coherente”, ha indicado hoy Sessions a los jueces, recordándoles además expresamente que deben obedecer sus órdenes. Sólo así, en su opinión, se puede mantener un sistema de fronteras cerradas. Las leyes migratorias “no son perfectas”, ha añadido, pero es “perfectamente legítimo, moral y decente” intentar hacer que se cumplan.
A partir de ahí, Sessions ha explicado su visión cuando menos llamativa del sistema judicial: tanto él como los jueces intentan hacer cumplir la ley, mientras que los abogados de inmigración, que en su opinión no están obligados a hacerlo, usan sus “talentos y habilidades” para “defender los intereses de sus clientes” al tiempo que socaban el sistema “como el agua que se filtra por un dique de barro”.
El fiscal general ha recordado la orden que dio en primavera a los fiscales para que procesaran como criminales “al 100%” de los inmigrantes que crucen la frontera sin permiso. Se trata de la política de tolerancia cero, que en su opinión ha servido para arma de disuasión. En la actualidad, ha dicho, se procesa al 90% de los inmigrantes indocumentados.
Nada ha señalado sin embargo de cómo esa política llevó a separar a las familias tras cruzar la frontera (los padres eran encarcelados a la espera de juicio, y los niños encerrados solos en centros de detención), y que causó tal revuelo social que el propio Trump firmó dos meses después una orden para frenar estas separación. De los 2.597 menores separados de sus padres, quedan aún 416 que no han sido devueltos a sus familias.
Sessions considera que el sistema de asilo está siendo “abusado” por los inmigrantes indocumentados, que llegan en masa al país a sabiendas de que, si pasan la prueba de miedo creíble, quedarán en libertad a la espera de comparecer ante el juez en un plazo que puede extenderse a años. Además, muchos no se presentan a esa cita, según el fiscal general, quedándose en el país ilegalmente.
En 2009, los servicios de inmigración revisaron el expediente de 5.000 inmigrantes que solicitaron asilo en la frontera. En 2016, fueron 94.000. Así, se pasó de 4.000 inmigrantes puestos en libertad a la espera de juicio, a más de 73.000 (los que lograron demostrar un miedo creíble a regresar a sus países).
El sistema de asilo está pensando para aquellos que dejan su país por un miedo fundado a ser perseguidos por su raza, religión, nacionalidad, opinión política, o pertenencia a un grupo social, ha dicho Sessions, “no para ofrecer una vía de escape a todos los problemas, incluso los problemas serios, a los que la gente se enfrenta cada día en todo el mundo”. Porque, ha añadido, “los estadounidenses se enfrentan también a problemas serios cada día”.
Entre las últimas decisiones adoptadas por Sessions para restringir el derecho al asilo está el negárselo a las mujeres víctimas de violencia doméstica que huyen de la muerte a manos de sus maridos. Una decisión judicial abrió la posibilidad a concederles asilo en 2009. Sessions ha cerrado este año esa vía.
En su opinión, lo que está haciendo es “restaurar el imperio de la ley en el sistema migratorio”, “enviando un mensaje claro al mundo de que las prácticas ilegales del pasado se han acabado”. Con ese “círculo virtuoso”, la llegada de inmigrantes caerá.
En el año fiscal de 2016 (del 1 de octubre de 2015 al 30 de septiembre de 2016), la Patrulla Fronteriza interceptó a 275.000 inmigrantes indocumentados. En 2017 fueron 216.000. En 2018 ya van 204.000 a 31 de agosto, lo que permite pensar que el número final podría superar la cifra de 2017.