El juez federal Dana Sabraw aprobó que se procesen las peticiones de salida voluntaria de menores bajo custodia de Estados Unidos que han hecho los padres indocumentados que ya han sido deportados.
La decisión, dada a conocer este viernes en una audiencia en San Diego, responde a un reporte de los abogados del Gobierno de Estados Unidos en el que informan de un número de padres repatriados sin sus hijos que han hecho estas peticiones y, por tanto, renuncian a su derecho de continuar con su proceso de asilo político.
Sabraw dio luz verde a este procedimiento, siempre que estos niños tengan representación legal y haya aprobación por parte de los progenitores, y anticipó por ende que en las próximas semanas el número de reunificaciones aumentará de manera significativa.
Los abogados del Gobierno temían que procesar estas solicitudes se interpretara como una violación de una orden de Sabraw, que suspendió las deportaciones de las familias reunidas con el fin de darles tiempo para que decidieran sobre su solicitud de asilo.
A raíz de una demanda interpuesta por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), el juez federal había ordenado en junio la reunificación de familias indocumentadas separadas en la frontera por la política de "tolerancia cero" contra la inmigración ilegal, un mandato que el Gobierno no cumplió al 100 %, y poco después el magistrado suspendió las deportaciones de familias reunidas.
Hasta la fecha, según las cifras del Gobierno, han sido devueltos a sus padres 2.157 de los 2.654 menores separados de su familia cuando llegaron a la frontera entre México y Estados Unidos.
En la audiencia de hoy, el juez pidió al Departamento de Justicia (DOJ) y a ACLU que aclararan los números de padres contactados presentados en el informe del jueves.
Por un lado, el Gobierno dice que ha contactado a 318 inmigrantes deportados, mientras que ACLU insiste en que junto a organizaciones en Centroamérica han localizado a 279.
Lee Gelernt, abogado con la ACLU, dijo que han notado que muchos de los números telefónicos que les entregaron no se encuentran en operación, o simplemente no han tenido suerte en contactar a los involucrados.
El juez pidió una lista que ubicara mejor a los miembros de la demanda colectiva, los cuales figuran con números de identificación, y consideró que se debería evitar la tendencia de "tratar a cada persona como un número".
De igual manera, urgió a ambas partes llegar a un acuerdo para la próxima semana sobre los sitios en que se realizarán las reunificaciones, luego de que ACLU pidiera que se permitiera el regreso de algunos padres que afirman han sido engañados para aceptar su salida voluntaria.
Sabraw resaltó la urgencia de un acuerdo rápido dado que "muchas familias siguen separadas" y continuarán así hasta que "estos problemas se resuelvan".
A más de un mes de vencido el plazo dado por el juez para que se reúna a las familias indocumentadas, todavía 497 menores, 22 de ellos menores de cinco años, continúan bajo cuidado del Gobierno.