Una serie de emails revelados el pasado viernes muestran que miembros del gobierno federal insistieron en eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en ingles) a ciudadanos centroamericanos a pesar de tener resistencia por parte de quienes llevaron a cabo evaluaciones internas, reporta CNN.
El TPS se otorga a ciudadanos de países devastados por desastres naturales o guerras permitiéndoles que permanezcan en los EE. UU. hasta que mejore la situación. El Departamento de Seguridad Nacional decidió suspender el estatus legal de unos 2.500 nicaragüenses y más de 50.000 haitianos en noviembre de 2017, seguido de la terminación del TPS para más de 257.000 salvadoreños y hondureños en enero y mayo de este año. En cada caso, la finalización incluyó un período de gracia para permitir que las personas afectadas se preparen para abandonar el país o preparen alguna forma para cambiar su estatus migratorio.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en ingles) ha argumentado que las condiciones en los países que recibían este beneficio han mejorado.
“La decisión de eliminar el TPS para Nicaragua se tomó después de una revisión de las condiciones en las que se basó la designación original de 1999 del país”, dice un comunicado de DHS de noviembre de 2017.
Los emails fueron revelados como parte de una demanda por beneficiarios del TPS, algunos que tienen hasta más de una década en el país, y sus hijos estadounidenses, tras la decisión del gobierno de eliminar la protección temporal. Una audiencia está programada para septiembre.
En uno de los correos, la estratega de inmigración Kathy Nuebel Kovarik le pide a su equipo que analicen inconsistencias en los documentos que justifican eliminar el TPS para El Salvador, Nicaragua y Honduras.
“El problema es que lee como si estuviéramos recomendando una extensión porque hablamos bastante de lo grave que es (la situación), pero no hay suficiente información sobre los pasos positivos que hemos tomado desde su designación”, dice el email de Kovarik, a lo que uno de los empleados le respondió que la situación “ES así de grave”.
Correos entre miembros del departamento de Seguridad Nacional que fueron revelados en la demanda. Foto: captura de pantalla Ramos vs. Nielsen
“Nuestro argumento más fuerte para la finalización, pensamos, es que no es grave de una manera claramente relacionada con los desastres iniciales que provocan las designaciones. Podemos trabajar con RU para tratar de obtener más, y/o analizar las condiciones del país que tenemos buscando cosas positivas, pero las condiciones son lo que son”, le respondió Brandon Prelogar, presuntamente empleado de DHS.
El pasado mes de julio, documentos hechos públicos tras a petición del senador demócrata Robert Menéndez revelaron que el entonces secretario de Estado, Rex Tillerson, envió una carta en octubre de 2017 a la que fuera secretaria de Seguridad Nacional en funciones, Elaine Duke, para avisar de las consecuencias negativas que tendría retirar la protección migratoria a más de 300.000 personas.
La misiva alertaba de que poner fin al TPS para esas cuatro naciones tendría serias repercusiones en la política humanitaria y exterior.
Junto a la carta se encontraban las evaluaciones de los expertos del Departamento de Estado sobre las condiciones de los países, que concluían que ninguno de los cuatro estaba preparado para volver a absorber a los beneficiarios de TPS, que se verían obligados a regresar a sus lugares de origen después de perder las protecciones.
Nicaragua se encuentra sumergida en una crisis política desde el 18 de abril luego de que Ortega impusiera unas fallidas reformas a la Seguridad Social que provocaron denuncias a su salida del poder. La represión en las protestas ha dejado más de 300 muertos.
Así mismo, una serie de emails revelado por Vox muestran que la Casa Blanca ha podido de haber influenciado el periodo de gracia que se les otorgó a los nicaragüenses para que buscaran una solución migratoria.
En un primer email enviado a las 3:32pm, la secretaria en funciones Duke le avisaba al jefe de gabinete de la Casa Blanca, John Kelly que el TPS sería eliminado.
“Las recomendaciones y reportes que he recibido de Nicaragua fueron unánimes. La fecha límite es a 18 meses de hoy. Eso les dará tiempo a las personas afectados y sus familiares de encontrar otras maneras para quedarse en los Estados Unidos o de regresar a Nicaragua. Como hemos discutido antes, la mejor solución es que el Congreso actúe por los beneficiarios del TPS…” indicó Duke, pero tres horas después cambió de opinión.
“Tuve una discusión con Tom B y me informó de una estrategia de la que no estaba consciente previamente. He incorporado esta nueva información en la línea de tiempo compartida para la eliminación de Nicaragua son 12 meses, no 18”.
‘Tom B’ es presuntamente el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Tom Bossert. Según documentos del Congreso, las decisiones sobre los detalles del TPS recaen en el secretario de Seguridad Nacional, no en la Casa Blanca. Pero el presidente puede dar sus recomendaciones.