Una inspección estatal sobre el tratamiento de adolescentes inmigrantes recluidos en un centro de detención de Virginia confirmó que en la instalación usaban técnicas de restricción, pero el duro tratamiento descrito no cae bajo el umbral legal de abuso o negligencia del estado, según una copia de los hallazgos emitidos el lunes por el Departamento de Justicia Juvenil de Virginia y difundidos por la agencia de noticias AP.
El gobernador de Virginia, Ralph Northam, ordenó la revisión en el Centro Juvenil Shenandoah Valley en junio después de que AP publicara un reporte de declaraciones juradas de seis adolescentes latinos. Los niños alegaban haber sido golpeados mientras estaban esposados, encerrados durante largos periodos en confinamiento solitario, desnudados y tirados a celdas de concreto. Los incidentes presuntamente ocurrieron entre 2015 y 2018, bajo las administraciones de Obama y Trump.
Los investigadores estatales dijeron que no pudieron entrevistar a los adolescentes inmigrantes que hicieron declaraciones juradas sobre los abusos que presuntamente sufrieron. Aquellos que presentaron las quejas iniciales como parte de una demanda colectiva federal presentada en noviembre de 2017 fueron posteriormente transferidos a otras instalaciones o deportados a sus países de origen.
Tras el informe de AP en junio, los investigadores estatales entrevistaron a 22 detenidos federales que actualmente se encuentran en las instalaciones de Shenandoah. De ellos, tres dijeron que habían experimentado un comportamiento abusivo por parte del personal. Según el informe estatal, los investigadores locales de servicios de protección infantil revisaron esas quejas y determinaron que "no cumplían con la definición legal de abuso o negligencia".
A los investigadores estatales solo se les permitió entrevistar a los detenidos federales mientras un miembro del personal de la instalación estaba en la sala. También revisaron archivos, registros médicos y otros documentos guardados dentro de la instalación, pero se les prohibió hacer copias o guardar notas.
Aunque los investigadores dijeron que no encontraron evidencia de palizas y otros abusos severos descritos en la demanda, su informe confirma que el personal de las instalaciones de Shenandoah está entrenado en el uso de sillas de sujeción para "residentes fuera de control que no pueden ser restringidos por métodos menos intrusivos".
Dichos dispositivos de restricción son legales para usar en centros de detención juvenil en Virginia, aunque las regulaciones dicen que nunca se pueden usar como castigo y solo son apropiados "para garantizar la seguridad de los residentes, el personal y las instalaciones".
Mientras que algunos adolescentes citados en la demanda informaron que permanecieron en la silla de restricción durante la noche o aislados solos en sus celdas durante días, los investigadores dijeron que los documentos que revisaron no mostraron ningún registro de eso. De acuerdo con los registros de la instalación, solo hubo un ejemplo documentado de un niño mantenido encerrado en aislamiento durante 23 horas consecutivas.
La cárcel de Shenandoah es uno de solo tres centros de detención juvenil en los Estados Unidos con contratos federales para proporcionar para niños inmigrantes que tuvieron problemas en otros centros menos restrictivas.
En promedio, 92 niños inmigrantes pasan cada año por Shenandoah, la mayoría de ellos de México y América Central. Recibieron 4.2 millones de dólares en fondos federales el año pasado para alojar a niños de entre 12 y 17 años que enfrentan procedimientos de deportación o en espera de resoluciones sobre solicitudes de asilo, según AP.
El gobernador de Virginia emitió un comunicado en el que aplaudía que la inspección de su administración haya sido “rápida y exhaustiva".
"Tomo estas acusaciones muy en serio y ordeno a los miembros de mi administración que examinen de inmediato estas denuncias de abuso y maltrato", dijo el gobernador demócrata. "La seguridad de cada niño retenido allí es de suma importancia".
Hannah M. Lieberman, abogada del Comité para Asuntos Civiles y Asuntos Urbanos de Washington que representa a los adolescentes latinos, dijo que el informe del estado no desmiente las acusaciones de abuso hechas por sus clientes. Ella dijo que el caso legal contra la instalación procederá.
Aunque fueron encarcelados en una institución similar a una prisión, los niños detenidos bajo cargos administrativos de inmigración no han sido condenados por ningún delito. La Oficina de Reubicación de Refugiados de EE. UU. supervisa el cuidado de niños inmigrantes cuando están bajo custodia federal.