El Gobierno de EEUU ha pedido este miércoles a un juez federal una pronta decisión sobre la suspensión temporal de las deportaciones de familias inmigrantes reunificadas. Según abogados, esta orden causa problemas en las agencias federales.
El abogado del Gobierno Scott Stewart ha urgido al juez a tomar pronto una resolución ya que desde que se congelaron las deportaciones hay tanto problemas de espacio, como de las operaciones de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).
"Están lidiando con disturbios en al menos una de sus instalaciones en donde la gente quiere ser removida o liberada", ha señalado vía telefónica el abogado, quien indicó que el plan del Gobierno es deportar a estos padres "tan pronto sea práctico".
En una audiencia en una corte federal de San Diego, el juez Dana Sabraw ha dicho que tomará una decisión, aunque no ha fijado un plazo. Mientras tanto se mantiene vigente el cese de las deportaciones de familias reunificadas tras la separación en la frontera con México como consecuencia de la política "tolerancia cero" contra la inmigración ilegal.
Sabraw, que lleva la denuncia de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) contra el Gobierno por la separación familiar, ordenó el pasado mes que se suspendan las expulsiones del país de las familias reunificadas. ACLU pidió al magistrado que no se deporte a las familias antes de siete días tras la reunificación, para que tengan tiempo de evaluar sus opciones.
El abogado del Gobierno ha insistido en que los inmigrantes "ya han tenido tiempo suficiente", ya que la última fecha límite para las reunificaciones fue el pasado 26 de julio y han pasado 13 para analizar sus opciones.
En la audiencia de este miércoles, el juez Sabraw ha escuchado los argumentos sobre este tema de los abogados del Departamento de Justicia (DOJ) y de ACLU, después de que un juez de Columbia transfiriera a la corte de San Diego una demanda paralela sobre menores separados de sus padres.
Las dos partes deberán presentar el jueves un reporte semanal de los avances sobre la reunificación de familias, en concreto sobre aquellos casos en que los padres ya han sido deportados sin sus hijos.
Sabraw ordenó en junio al Gobierno la reunión de las familias indocumentadas separadas en la frontera y estableció plazos para los niños menores de cinco años y otra fecha para los mayores de esa edad, los cuales el Gobierno cumplió parcialmente.