El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ordenó el miércoles detener al expresidente de la Asamblea Nacional y dirigente opositor, Julio Borges, y el enjuiciamiento del diputado Juan Requesens, para procesarlos por su supuesta vinculación al presunto intento de atentado contra el mandatario Nicolás Maduro.
El máximo tribunal indicó en un comunicado sobre de elementos que comprometen a Borges, en los delitos de “instigación pública, traición a la patria y homicidio intencional calificado en grado de frustración” contra Maduro.
El TSJ, que es señalado de ser controlado por el gobierno, determinó que no procede el antejuicio de mérito contra el expresidente del Congreso debido a que habría actuado en “flagrancia”, y ordenó su “inmediata detención” para procesarlo por el caso.
La decisión contra los dos diputados del partido opositor Primero Justicia se da un día después que Maduro los implicó en el presunto atentado en cadena nacional de televisión.
El organismo también indicó que existen “suficientes elementos de convicción” para enjuiciar a Requesens, quien fue apresado por la policía política, el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) el martes por la noche. El TSJ ordenó mantener detenido al joven diputado hasta que la oficialista Asamblea Nacional Constituyente decidiera sobre el allanamiento de la inmunidad parlamentaria.
Primero Justicia compartió en Twitter un video en el que presuntamente se ve como Requesens fue llevado “a golpes” por 14 funcionarios.
Borges, quien se encuentra desde hace varios meses en Bogotá, rechazó el martes los señalamientos y le dijo en su cuenta de Twitter a Maduro: "Me has acusado de la guerra económica, de la crisis del efectivo, de la hiperinflación, de la escasez generalizada, de trata de blancas ¿Y ahora de la farsa del atentado? No engañas a nadie".
El presidente de la Constituyente, Diosdado Cabello, anunció el miércoles la aprobación por unanimidad del retiro de la inmunidad parlamentaria de Borges y Requesens.
“Total y absolutamente aprobado por unanimidad, por convicción política, democrática”, expresó Cabello tras pedir el apoyo de los constituyentes a Maduro.
La Asamblea Nacional Constituyente, instalada por Maduro en agosto de 2017, gobierna el país con poderes absolutos tras atribuirse las facultades de la Asamblea Nacional (AN), de mayoría opositora. La ANC ha sido tildado de ilegítimo tanto por la oposición como por la comunidad internacional. Está únicamente integrado por representantes afines al gobierno.
La Asamblea Nacional, controlada por la oposición, descartó que vaya a reconocer esa decisión y acusó a esa instancia de usurpar funciones del Legislativo.
“Nuestra constitución es clara y dice que para allanar la inmunidad parlamentaria hay una Asamblea Nacional", dijo a la agencia de noticias, AP el vicepresidente del Congreso, Julio César Reyes, al anunciar que es posible que el Legislativo acuda a instancias internacionales para denunciar las acciones de la Constituyente y la detención de Requesens.
La constitución establece que todos los diputados gozan de inmunidad, una protección que se le otorga en el Artículo 200, y que de cometer algún delito sólo el Tribunal Supremo de Justicia podrá ordenar su detención para su enjuiciamiento con previa autorización de Asamblea Nacional.
"Este es el zarpazo más certero a la democracia venezolana", afirmó el diputado Alfonso Marquina, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, al rechazar la acción contra Requesens, misma que consideró una "desaparición forzosa" debido a que hasta el momento se desconoce el paradero del opositor.
Por su parte, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) también rechazo en Twitter el detenimiento de Requesens.
El fiscal general Tarek William Saab anunció el miércoles que tres otros detenidos por el caso fueron presentados la víspera en tribunales y que se iniciaron los procesos para tramitar las solicitudes de asistencia mutua en materia legal con Estados Unidos y Colombia para que entreguen a los venezolanos implicados en el caso que estarían en esos países.
Saab dijo a la prensa que los presuntos financistas de la operación estarían en territorio estadounidense y colombiano, y precisó que dos de los implicados en el caso, Rayder Russo Márquez y el coronel retirado Oswaldo Valentín García Palomo, están en Colombia. Como parte de las investigaciones que adelantan las autoridades, se estableció la vinculación directa con el intento de magnicidio con al menos 19 personas, indicó el fiscal sin ofrecer las identidades.
Poco después la cancillería informó en su cuenta de Twitter que el ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, y Saab se reunieron con el encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en Caracas para "compartir las pruebas" que señalan a los financistas del intento de atentado que estarían radicados en el estado de Florida y "solicitar su extradición".