La deportación la semana pasada de Alejandra Juárez, la esposa de un veterano de los Marines, provocó que no pocas personas se preguntaran por qué Juárez, que era indocumentado, no se había hecho ciudadana.
"Tengo que preguntar, si su esposo es ciudadano estadounidense, ella podía haber recibido la Residencia a través del matrimonio. ¿Por qué no lo hizo en 20 años?", preguntó la usuaria de Twitter Susana Hite.
Chelsea Nowel, una abogada de inmigración de Tampa, Florida, que representó a Juárez, asegura que este desconcierto no la sorprende.
"Tuve que explicárselo a mi familia y a mis amigos. Porque es un proceso comúnmente mal entendido”, dijo.
En general, el matrimonio es una ruta hacia la elegibilidad para la residencia legal (la obtención de la tarjeta verde) y luego, la ciudadanía, si la pareja convence a los funcionarios de inmigración de que su matrimonio no es una farsa que busca obtener un estatus legal.
Por ejemplo, alguien puede estar en este país con una visa de estudiante o de trabajo, enamorarse y decidir casarse, o ambos pueden conocerse mientras quien es ciudadano viaja o se encuentra por trabaja en el extranjero.
Aunque el proceso es complejo, un extranjero que se case con un ciudadano estadounidense es elegible para convertirse en residente legal y puede solicitarlo desde dentro del país.
Una vez que el cónyuge de un ciudadano de EEUU se hace residente legal, solo tiene que esperar tres años para poder solicitar la ciudadanía estadounidense, en lugar de los cinco años habituales.
En el año fiscal de 2016, 304,358 cónyuges de ciudadanos estadounidenses se "naturalizaron", de acuerdo con los datos más recientes del Departamento de Seguridad Nacional.
Pero para los cónyuges de ciudadanos estadounidenses que llegaron ilegalmente al país, que fueron deportados o que tienen otras violaciones a la ley en sus antecedentes, convertirse en residente legal es mucho más difícil, y en algunos casos imposible, debido a una ley de inmigración de 1996 y a la política de “cero tolerancia” de Donald Trump.
“Nos metimos en este problema por culpa de la ley de 1996. Antes, alguien como (Juárez) habría comparecido ante un juez de inmigración que habría considerado la naturaleza de su delito en contraposición con los derechos de un cónyuge ciudadano estadounidense ", dijo Donnelly, estratega del American Families United, un grupo que defiende a los cónyuges de ciudadanos estadounidense nacidos en el extranjero.
DESPUÉS DE 1996, MEDIDAS MÁS DIFÍCILES
La Ley de Reforma y Responsabilidad para la Inmigración Ilegal de 1996, firmada por el entonces presidente Bill Clinton, fue un amplio paquete de medidas de aplicación de la línea dura.
Esta convirtió en deportables a los residentes legales que tuvieran condenas penales, y en particular aceleró las deportaciones echando por tierra las posibilidades de que los inmigrantes comparecieran ante un juez si eran arrestados más allá de las 100 millas de la frontera.
La ley de 1996 también creó un sistema de prohibiciones para las personas que han vivido ilegalmente en el país. Aquellos que se encuentran ilegalmente en EEUU por más de 180 días y menos de un año tienen prohibido intentar volver a ingresar al país legalmente durante tres años. Y quienes permanecen ilegalmente en el país durante más de un año no pueden regresar durante 10 años.
A diferencia de aquellos que ingresaron legalmente, quienes no lo hicieron deben abandonar el país para solicitar una visa. Pero la ley de 1996 imposibilita que el cónyuge de un ciudadano estadounidense que se encuentra en EEUU de manera ilegal salga del país para solicitar una visa de residencia legal porque una vez que ha salido no puede regresar durante tres o 10 años.
La ley de 1996 también amplió una lista de "inhabilitaciones": razones por las cuales ciertas personas no serían elegibles para visas para Estados Unidos, incluidas visas de residencia legal o tarjetas de residencia.
Esta lista incluye desde tener una enfermedad transmisible, mentir acerca de su estatus, haber sido expulsado a su llegada al país, hasta venir de una nación que patrocina el terrorismo.
Algunas violaciones, como afirmar falsamente ser ciudadano estadounidense, prohíben a las personas de por vida.
Y Juárez está dentro de este grupo.
Tras vivir en Estados Unidos durante 20 años, fue deportada la semana pasada, y su caso se convirtió en el centro de la publicidad nacional puesto que está casada con un soldado de los Marines que sirvió en Albania, el Congo y Sudamérica, y que también prestó servicios en Iraq con la Guardia Nacional de la Florida.
En 1998, Juárez había intentado ingresar a Estados Unidos desde México cuando tenía 18 años. Entonces dijo que escapaba de la violencia en su país, presentándose a los funcionarios de inmigración y afirmando ser ciudadana.
Según su abogado, la mujer inmediatamente se retractó de su declaración pero fue devuelta a su país bajo el proceso de deportación acelerada establecido por la ley de 1996.
De acuerdo con ICE, hubo otro intento, en el que Juárez aseguró ser ciudadana, pero esto entra en conflicto con lo narrado por su abogado.
Un tiempo después, Juárez cruzó la frontera ilegalmente y permaneció en el país por 20 años, durante los cuales se casó y tuvo dos hijas.
En 2013 fue detenida por una infracción de tráfico, lo que reavivó su orden de deportación de 1998.
Debido a las políticas de la administración Obama, Juárez había podido permanecer en el país incluso después de que se descubriera su expulsión anterior. Según estas regulaciones, la prioridad para las deportaciones recaía en los inmigrantes que habían cometido crímenes o que resultaban una amenaza para la seguridad pública y nacional.
Por ello, aunque con regularidad la mujer se presentaba ante funcionarios de inmigración, siempre le decían que ella no resultaba una prioridad.
Pero la administración Trump llegó eliminando este sistema de prioridades.
Sin embargo, la ley de inmigración establece excepciones para las personas a las que se les ha prohibido la permanencia en el país. Estas pueden pedir una exención de las prohibiciones de tres o de 10 años. Pero para obtener esta exención, tienen que demostrar que al estar separados de su cónyuge o de sus hijos los podría poner en dificultades extremas.
Ahora, bajo Trump, estas dificultades extremas son un requisito mucho más difícil de cumplir.
"Trump cambió la definición de dificultad extrema para hacerla más restrictiva", declara Peter Boogaard, un ex portavoz del Departamento de Seguridad Nacional durante la administración Obama que ahora funge como portavoz de FWD.US, un grupo de defensa de inmigrantes que ha presionado para lograr un indulto para Juárez.
Pero la declaración falsa de Juárez de que ella era ciudadana de Estados Unidos dificulta mucho más la obtención de una exención.
El Departamento de Estado realiza un seguimiento de la cantidad de personas consideradas no elegibles para visas, las razones por las cuales se les negó la visa y cuántas de ellas superaron la inelegibilidad.
Según los datos, en 2016, a los inmigrantes que habían afirmado falsamente que eran ciudadanos estadounidenses se les otorgaron visas. Sin embargo, 981 no inmigrantes -personas que vienen a Estados Unidos por períodos cortos, por razones tales como turismo- y que habían afirmado falsamente ser ciudadanos estadounidenses, obtuvieron exenciones.
Además, 1,289 inmigrantes que no habían sido elegibles para una visa porque ingresaron personas de contrabando obtuvieron también una exención, al igual que 403 no inmigrantes que inicialmente habían sido declarados no elegibles por supuestas "actividades terroristas".
La administración Obama creó un sistema de "libertad condicional en el lugar" para los cónyuges de militares, como Juárez, que residen ilegalmente en EEUU, a fin de que estos soliciten la residencia legal sin salir del país y así evitar que se les impida regresar.
Pero esta libertad condicional se analiza caso por caso y a Juárez le fue denegada en varias ocasiones.
El número de solicitudes de esta libertad condicional por parte de cónyuges de militares ha aumentado constantemente, pasando de tres aprobaciones, de entre 18 solicitudes en el año en que el gobierno de Obama comenzó este programa, hasta 6,595 solicitudes con 4,800 aprobaciones en el año fiscal 2017, según datos de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración, parte del Departamento de Seguridad Nacional.
Pero la proporción de solicitudes aprobadas cayó del 81% (4.058 aprobaciones de 5.018 solicitudes) durante 2016, el último año fiscal completo de la administración Obama, al 73% (4.800 aprobaciones de 6.595 solicitudes) en el año fiscal 2017, exactamente durante los nueve meses que llevaba la administración de Donald Trump.
El número de denegaciones también ha aumentado, pero la cantidad de denegaciones es casi la misma. Y no todos los casos se adjudican en el mismo año en que se reciben.
Durante años, el grupo de defensa de inmigrantes American Families United ha estado presionando por cambios en la ley que permitan que las parejas con un cónyuge indocumentado permanezcan juntas.
Randall Emery, presidente de American Families United, dijo que su grupo quiere que un juez revise casos como los de Juárez y que “equilibre lo favorable contra lo desfavorable”.
El grupo también sostiene que se deben considerar los derechos del ciudadano de EEUU, de los que se le está privando a su cónyuge.
"El gobierno tiene que dar una buena razón para decirle a una persona que elija entre su cónyuge y su país -enfatizó Donnelly-. Queremos que se regrese a ese momento de equilibrio que existía antes de 1996".