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Voluntarios que ponen agua en el desierto de la frontera podrían ser juzgados

El grupo No More Deaths denunció un creciente acoso de la Patrulla Fronteriza.

Nueve voluntarios que han colocado recipientes de agua o respondido a llamadas de socorro de inmigrantes en tierras federales de acceso restringido enfrentan cargos de delitos menores impugnados por el gobierno de Trump.

Con el argumento de que los voluntarios están ensuciando el entorno, funcionarios de la Oficina de Administración de Tierras han agregado cláusulas a las solicitudes de acceso a estos dominios que amenazan con demandar, multar o prohibir a los visitantes que dejan agua, comida, ropa u otros suministros, denunció la organización No More Deaths.

Los nueve están encausados por su acceso al refugio Cabeza Prieta o el campo de tiro de Barry Goldwater, ambos terrenos federales.

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En más de una ocasión, los recipientes plásticos llenos de agua potable que los inmigrantes indocumentados encuentran en medio del desierto de Arizona les salvan la vida. Casi todos tienes frases escritas: “El agua es vida” o “Estamos con ustedes.”

Estos reales salvavidas son colocados por voluntarios dedicados a la ayuda humanitaria y líderes religiosos de todo el país, cuyo propósito es apertrechar lo más posible a quienes se atreven a atravesar el desierto fronterizo de agua e insumos para su sobrevivencia.

Los voluntarios  conocen bien los riesgos de su empresa, aunque saben que en mucho peor que más personas mueran de hambre, sed y deshidratación cuando a primera hora de la mañana hay 89 grados Fahrenheit, pero al mediodía la temperatura llega a los 107 grados.

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Estos hombres y mujeres se centran sobre todo en el área conocida como Refugio de Vida Salvaje de Cabeza Prieta, un punto vasto en el mapa fronterizo entre Yuma y Tucson en el que, tan solo el año pasado, fueron hallados 32 cuerpos sin vida de inmigrantes indocumentados, según la organización sin fines de lucro Humane Borders.

Por ello, y porque todos saben que resulta una de las rutas más peligrosas para quienes se aventuran en busca del sueño americano, No More Deaths se empeña en acabar con los fallecimientos y el sufrimiento en la frontera, al colocar agua, comida, calcetines, mantas y otros suministros en los bordes de los senderos por los que los migrantes transitan de entre 30 a 80 millas.

Sin embargo, cada vez es más palpable el hostigamiento de la Patrulla Fronteriza y de las agencias gubernamentales, quienes no han dudado en varias ocasiones en arrestar a estos voluntarios.

Para Mary Smith, la coordinadora de estos hombres y mujeres, “hay una crisis en las tierras fronterizas de la muerte y la desaparición, y cosas como el agua, la comida y la vestimenta son derechos humanos"

“Deberían permitirnos traer estos suministros aquí -enfatizó en palabras a la página web AZCentral-. Deberían permitirnos acceder a estas tierras".

La toma de medidas enérgicas contra los voluntarios por parte de la Patrulla Fronteriza es una muestra de que el actual gobierno de EEUU está criminalizando la labor de la ayuda humanitaria, afirma No More Deaths.

Ya en enero pasado, este grupo presentó un informe acusando a los agentes fronterizos de patear y malograr miles de galones de agua que ellos habían depositado en los senderos para que los migrantes tuvieran acceso al menos a un poco de agua.

Horas después de la publicación de ese informe se produjo el arresto del voluntario Scott Warren y la acusación de que le estaba dando albergue a dos inmigrantes indocumentados.

Documentos judiciales aseguraban que durante tres días el acusado había proporcionado agua y comida a los inmigrantes en un edificio que los agentes habían estado vigilando.

Seis meses antes, la Patrulla Fronteriza habían allanado el campamento de este grupo de voluntarios en Arivaca, donde No More Deaths les proporciona ayuda humanitaria a los inmigrantes en peligro. Tanto es el acoso que ahora estos samaritanos se cuestionan si deben o no mantener el campamento en actividad.

“La ayuda humanitaria, salvar vidas, nunca pueden ser un crimen -aseguró Susan Frederick-Gray, presidenta de la Unitarian Universalist Association, con sede en Boston-. Mi fe me llama a amar a mi prójimo, a ayudar a una persona herida en el camino. Así que, para el estado, para el gobierno federal, decir que esto es un crimen es una violación de mi libertad religiosa".

“La ayuda humanitaria se encuentra en peligro en varios aspectos, los voluntarios están enfrentando cargos solamente por dejar agua en el desierto, nuestro mensaje debe ser claro, la ayuda humanitaria nunca es un crimen”, expresó a la agencia EFE la reverenda Mary Katherine Morn, presidenta del Comité de Servicios de la Asociación Universalista Unitaria.