WASHINGTON - Se espera que la administración de Trump emita una propuesta en las próximas semanas que dificultará que los inmigrantes legales se conviertan en ciudadanos u obtengan tarjetas de residencia si alguna vez han utilizado una variedad de programas populares de bienestar público, incluyendo Obamacare, le dijeron a NBC News cuatro fuentes con conocimiento del plan.
La medida, que no necesitaría la aprobación del Congreso, es parte del plan del asesor principal de la Casa Blanca, Stephen Miller, para limitar el número de inmigrantes que obtienen estatus legal en los Estados Unidos cada año.
Los detalles de la propuesta de reglamentación aún se están finalizando, pero se basan en un borrador reciente visto la semana pasada y descrito a NBC News, que indica que inmigrantes que viven legalmente en EEUU y que alguna vez hayan usado ellos -o los miembros de su núcleo familiar- Obamacare, seguro de salud infantil, cupones de alimentos y otros beneficios podrían verse obstaculizados para obtener estatus legal en los Estados Unidos.
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Los abogados de inmigración, activistas e investigadores de salud pública dicen que sería el mayor cambio en el sistema legal de inmigración en décadas y estiman que más de 20 millones de inmigrantes podrían verse afectados. Dicen que sería especialmente difícil para los inmigrantes que trabajan en empleos que no pagan lo suficiente como para mantener a sus familias.
Muchos son como Louis Charles, un residente haitiano que busca la ciudadanía y que, a pesar de trabajar hasta 80 horas a la semana como auxiliar de enfermería, ha tenido que usar programas públicos para apoyar a su hija adulta discapacitada.
El uso de algunos beneficios públicos como el Seguro de Seguridad Social ya ha impedido a los inmigrantes obtener estatus legal en el pasado, pero los programas incluidos en el borrador del plan reciente podrían significar que las familias inmigrantes que ganan tanto como el 250 por ciento sobre el nivel de pobreza podrían ser rechazadas.
Una versión del plan ha sido enviada a la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca, dijeron las fuentes, el último paso antes de publicar una regla en el registro federal.
Una portavoz del Departamento de Seguridad Nacional dijo: "La administración se compromete a hacer cumplir la ley de inmigración existente, que claramente tiene la intención de proteger al contribuyente estadounidense al garantizar que los ciudadanos extranjeros que buscan ingresar o permanecer en los EEUU sean autosuficientes. Los cambios garantizarían que el gobierno tome en serio la responsabilidad de ser buenos administradores de los fondos de los contribuyentes y resuelva las solicitudes de beneficios de inmigración de acuerdo con la ley".
Miller, junto con varios de sus ex colegas en el Congreso que ahora ocupan cargos prominentes en la administración Trump, han buscado durante mucho tiempo disminuir la cantidad de inmigrantes que obtienen estatus legal en Estados Unidos cada año. E incluso antes de que la norma esté en vigencia, la administración ha hecho que sea más difícil para los inmigrantes obtener tarjetas de residencia y para los titulares de tarjetas verdes para obtener la ciudadanía.
En el año fiscal 2016, el último año fiscal bajo la administración Obama, 1,2 millones de inmigrantes se convirtieron en residentes legales permanentes, o titulares de tarjetas verdes, y 753,060 se naturalizaron como ciudadanos estadounidenses, según datos de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos.
Los datos del primer trimestre del año fiscal 2018 indican que la administración está en camino a una disminución de las tarjetas de residencia en un 20% y la ciudadanía naturalizada se reducirá en un 10% a fines de octubre en comparación con el año fiscal 2016.
Cuatro abogados de inmigración que ejercen en Massachusetts, Virginia, Tennessee y California dijeron a NBC News que notaron un aumento en el número de clientes que fueron rechazados cuando buscaban tarjetas de residencia y ciudadanía naturalizada.
En un comunicado, el portavoz de USCIS, Michael Bars, dijo: "USCIS evalúa todas las solicitudes de manera justa, eficiente y efectiva caso por caso".
"Contrario a los defensores de las fronteras abiertas, abogados y activistas de inmigración", dijo Bars, "USCIS no ha cambiado la forma en que se han adjudicado las solicitudes de naturalización, ya que la ley generalmente requiere que un solicitante elegible debe haber sido admitido adecuadamente para la residencia permanente a fin de convertirse en ciudadano estadounidense...Rechazamos los reclamos falsos e inexactos de aquellos que prefieren que EEUU se haga la vista gorda ante casos de inmigración ilegal, fraude, tráfico humano, actividad de pandillas y proliferación de drogas a expensas de la seguridad pública, la integridad de nuestras leyes y su fiel ejecución".
"HICE TODO LO QUE ME PREGUNTARON"
Charles, el residente haitiano que trabaja como asistente de enfermería en un hospital psiquiátrico cerca de Boston, dijo que se sorprendió al saber que su solicitud de ciudadanía había sido denegada. Había usado un pasaporte falso que le habían dado traficantes cuando ingresó a los Estados Unidos desde Haití en 1989, pero se lo confesó a los agentes fronterizos y recibió una exención de USCIS absolviéndolo de ese delito y permitiéndole obtener una tarjeta verde en 2011.
Ahora con 55 años, Charles es un propietario y un contribuyente y pensó que obtener la ciudadanía sería un proceso sencillo. "Pensé que en este país todo era cuadrado y justo", dijo.
Pero cuando fue a su entrevista de ciudadanía en agosto de 2017, los oficiales de USCIS le dijeron que iban a volver a revisar la decisión de perdonar el incidente del pasaporte falso, lo que significa que también podría perder su tarjeta verde.
Luego recibió una carta en septiembre diciéndole que su solicitud de ciudadanía había sido denegada.
"Estaba devastado. Y no estoy seguro de por qué lo hicieron. Hice todo lo que me pidieron".
Apeló la decisión, pero mientras espera el veredicto final, su abogado dice que su estado como residente también podría afectarse.
A fines de noviembre, la administración Trump anunció que terminaría con el estatus de protección temporal para los haitianos que llegaron a los Estados Unidos después del terremoto de 2010. La esposa de Charles era beneficiaria de esa protección y sin hacerse ciudadano, él no podría respaldarla.
Pero la mayor preocupación de Charles es su hija. Aunque tiene más de 20 años y es ciudadana de los EEUU, tiene discapacidades graves que le imposibilitan vivir sola.
Charles no tiene conocimiento del nuevo plan de Miller para limitar la ciudadanía para los inmigrantes que han usado la asistencia pública. Pero es probable que lo afecte porque la ha utilizado para ayudar a cuidar a su hija, por lo que podría terminar perjudicando aún más sus posibilidades de obtener la ciudadanía.
Aunque sus efectos pueden ser de largo alcance, la propuesta de limitar la ciudadanía a los inmigrantes que han usado los servicios de asistencia pública no parece necesitar la aprobación del Congreso.
Como hizo la administración Clinton en 1999, la administración Trump redefiniría el término "carga pública", que surgió por primera vez en la ley de inmigración en el siglo XIX con el fin de proteger a EEUU de la carga de demasiados inmigrantes que no podían contribuir a la sociedad.
Rosemary Jenks, vicepresidenta ejecutiva de NumbersUSA, que promueve la inmigración limitada, dijo que la nueva regla y el mayor escrutinio sobre la tarjeta verde y las solicitudes de ciudadanía son parte de un nuevo enfoque en DHS para hacer cumplir la ley y prevenir el fraude.
"Las solicitudes de renovación o ajuste de estado que se han presentado ante el gobierno antes se están reexaminando para buscar fraude", dijo Jenks.
A la luz de esto, los abogados de inmigración advierten a sus clientes antes de pasar del estado de tarjeta verde a la ciudadanía.
Rose Hernández, abogada supervisora en la clínica de naturalización de la Coalición de Derechos de Inmigrantes y Refugiados de Tennessee, dice que el modelo de la clínica ha cambiado completamente a la luz de las nuevas limitaciones.
Ahora envía seis solicitudes de información a las agencias gubernamentales para verificar los antecedentes de los titulares de la tarjeta verde antes de que les aconseje que soliciten la ciudadanía. Si el gobierno encuentra algo que ella no sabe, el temor es que los solicitantes podrían perder sus tarjetas de residencia y sea deportados.
Y otros abogados de inmigración se preparan para rechazar ferozmente la regla de la carga pública.
"Cualquier política que obligue a millones de familias a elegir entre la negación del estatus y la alimentación o la atención médica exacerbaría problemas graves como hambre, necesidades de salud no satisfechas, pobreza infantil y falta de vivienda, con consecuencias duraderas para el bienestar de las familias, el éxito a largo plazo y la prosperidad comunitaria ", dijo el Centro Nacional de Leyes de Inmigración en un comunicado.