La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) dice que demandó el martes al gobierno de EE. UU. por sus esfuerzos para evitar que los inmigrantes soliciten asilo debido a la violencia doméstica y de pandillas en sus países de origen.
La demanda de la ACLU le pide a un juez que invalide la decisión del 11 de junio del Fiscal General Jeff Sessions de restringir los tipos de casos que califican para el asilo. La demanda fue presentada en nombre de 12 padres y niños que, según la ACLU, se descubrió erróneamente que no tenían un temor creíble de regresar.
Si la nota de Sessions se mantiene, argumenta la demanda, las personas que "busquen desesperadamente seguridad serán ilegalmente deportadas a lugares donde temen ser violadas, secuestradas, golpeadas y asesinadas".
El asilo puede otorgarse a alguien que fue perseguido en su país de origen o podría ser perseguido si se lo obliga a regresar. Miles de personas solicitan asilo todos los meses en las estaciones de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. A lo largo de la frontera suroeste. La mayoría son de países centroamericanos desgarrados por la violencia, las pandillas y la corrupción.
Los principales funcionarios de la administración del presidente Donald Trump dicen que el proceso de asilo está siendo explotado por inmigrantes que esperan pasar la entrevista de miedo creíble inicial y ser liberados en el país.
La nueva demanda, presentada en Washington, amplía la batalla en curso entre la ACLU y el gobierno de EE. UU. sobre la política de inmigración. Un juez federal en San Diego ordenó la reunificación de miles de familias separadas bajo la política de cero tolerancia de la administración Trump para los que cruzan la frontera, luego de que la ACLU demandó allí a principios de este año.
El memorando de junio de Sessions anuló una decisión de 2014 de la Junta de Apelaciones de Inmigración que otorgó el estatus de asilo a una mujer guatemalteca que huyó de su esposo después de lo que la junta llamó "abuso repugnante". La junta encontró que la mujer calificaba para el asilo porque era miembro de un grupo social en particular, en este caso, mujeres casadas en Guatemala que no podían abandonar su relación.
Los tribunales y jueces de inmigración operan bajo el Departamento de Justicia, y Sessions pueden anular la directiva. En este caso, dijo que la junta se había equivocado.
Muchos solicitantes de asilo "están dejando situaciones difíciles y peligrosas", dijo Sessions en un discurso en junio. "Pero no podemos abandonar la disciplina legal y los sólidos conceptos legales".
La decisión tuvo un impacto inmediato.
Los abogados de inmigración dicen que las personas que esperaban pasarían pruebas creíbles de miedo comenzaron a fallarles, y los abogados dicen que los jueces de inmigración están firmando más denegaciones durante las apelaciones, terminando efectivamente lo que podría haber sido un proceso de asilo de años antes de que comenzara.
El número de inmigrantes que no aprobaron exámenes de miedo creíbles aumentó en junio, según las nuevas estadísticas publicadas el martes. Los oficiales de asilo negaron cerca del 13 por ciento de los casos en junio en comparación con el 8 por ciento en mayo y un promedio del 10 por ciento durante el año fiscal anterior, según datos de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos.
Entre las personas que demandaron en el pleito de ACLU está una mujer identificada solamente por un seudónimo, Grace.
La ACLU dice que la compañera de Grace la golpeó a ella y a sus hijos y la agredió sexualmente a ella y a su hija. Una vez, dice la ACLU, su hija sufrió un aborto espontáneo después de que la atacó. La demanda dice que la policía no actuó cuando se puso en contacto con ellos.
La demanda dice que se descubrió que Grace no tenía un temor creíble de persecución. Ella permanece detenida en Texas.