Cerca de mil familias que lograron reunirse tras la separación causada por la política "tolerancia cero" hacia la inmigración ilegal en Estados Unidos enfrentan una orden y fecha de deportación, informó el Gobierno estadounidense.
Durante una audiencia en una corte federal de San Diego, los abogados del Departamento de Justicia señalaron que de ese millar, un total de 392 familias están aún bajo custodia de las autoridades migratorias mientras que el resto se encuentra en libertad, aunque con un grillete electrónico.
Sarah Fabian, abogada del Departamento de Justicia, señaló que 650 menores no son elegibles para la reunificación, cifra inferior a los 711 niños que figuraban en una lista remitida a la corte el jueves y entre los que figuran 431 hijos de padres que ya no están en el país.
De acuerdo con una orden del juez Dana Sabraw, el Gobierno de Estados Unidos tenía plazo hasta el jueves 26 de julio para reunir con sus padres a 2.551 menores indocumentados entre 5 y 18 años, aunque finalmente ayer las autoridades revelaron que habían 1.800 familias elegibles para ello.
El juez, a cargo de una demanda planteada contra las autoridades migratorias por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), informó que este fin de semana tomará una decisión sobre el pedido de que las familiasinmigrantes no sean deportadas hasta que pasen siete días de su reunificación.
La organización demandante señaló que ante el caos del proceso, las familias inmigrantes requieren tomar una decisión más meditada sobre si comienzan un largo y complicado proceso migratorio para quedarse en el país o regresan a sus países de origen.
"Las familias no han tenido la oportunidad de decidir qué hacer con su futuro, si continúan con el largo proceso de petición de asilo, qué harán con los niños en caso de que no puedan seguir juntos, es algo muy difícil de decidir cuando llevan separados varios meses", señaló el subdirector y abogado principal en esta materia para ACLU, Lee Gelernt.
En la audiencia de hoy, Sabraw volvió a destacar el trabajo hecho por el Gobierno para reunificar a las familias, pero criticó que no hayan tenido un registro preciso de los padres deportados y de los que fueron liberados a la espera de que un juez de inmigración decida sobre sus peticiones de asilo.