La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) eleva el número de muertos en Nicaragua a 295, indicó el martes por Twitter su secretario ejecutivo, Paulo Abrāo.
Anteriormente, Abrāo había anunciado a principios de julio ante una reunión de la Organización de Estados Americanos (OEA) que la cifra era de 264 personas.
El anuncio se da en otra semana más de una ola de violencia que lleva más de tres meses. En esta semana se han contabilizado al menos siete muertos, incluyendo una estudiante brasilera, Rayneia Lima, quien fue asesinada por paramilitares según informó el rector de la Universidad Americana en Managua, Ernesto Medina, a la agencia de noticias AP. La Policía Nacional nicaragüense responsabilizó por la muerte de Lima a un guardia de vigilancia privada.
Desde abril, manifestantes han salido a las calles del país a protestar contra el gobierno de Daniel Ortega, donde son reprimidos fuertemente por grupos policiales y turbas afines al gobierno sandinista. Desde miembros de la Iglesia, hasta jóvenes universitarios han sido víctimas de la brutal represión.
Ortega ha negado tener el control de los grupos paramilitares responsables de la mayor parte de la violencia y asegura que no ha habido represión.
"Son fuerzas que responden a organizaciones políticas, algunas están en la Asamblea Nacional. Son miembros del Partido Liberal y de otros que no participan en las elecciones", dijo el mandatario en entrevista con la cadena estadounidense Fox News el lunes. “Ninguna de las manifestaciones pacíficas han sido atacadas”, agregó Ortega.
Activistas del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) ha dicho a la agencia de noticias EFE que asesinatos han sido ocasionados por las "fuerzas combinadas" del gobierno, que incluye a policías, agentes antimotines, parapolicías, paramilitares y grupos oficialistas, fuertemente armados.
La CIDH, con sede en Washington D.C., publicó un informe en el que condenó las “graves violaciones de los derechos humanos” en el país, incluyendo “un patrón de uso desproporcionado de la fuerza, ejecuciones extrajudiciales y de detenciones masivas y arbitraria”.
Las protestas iniciaron en abril luego de que el gobierno anunció cambios a la Seguridad Social, pero aún cuando Ortega dio marcha atrás a las reformas, los manifestantes se quedaron en las calles expresando su descontento con su gestión, y la de su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.