En la línea de muchas de sus promesas de campaña, el futuro presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha presentado este domingo su plan de austeridad, que busca acabar con la corrupción y los privilegios para favorecer programas sociales a través de 50 puntos. Así, López Obrador ha empezado por bajarse el sueldo un 60%, que será de 108.000 pesos (unos 5.700 dólares). "Yo decido ganar menos de la mitad, cumpliendo con mi compromiso", ha dicho. El actual presidente, Enrique Peña Nieto, 270.000 pesos mensuales (14.300 dólares).
El futuro mandatario de México, que asumirá el cargo el 1 de diciembre, describió los 50 puntos de este rompedor programa de austeridad, que aseguró que acabará con los "métodos de la política tradicional". En esencia, busca un mayor ahorro del gasto corriente de la administración pública para poder canalizar los recursos a programa sociales como la pensión universal para adultos mayores y el programa de becas y prácticas profesionales remuneradas para jóvenes.
Aunque este domingo no dio cifras, el pasado sábado explicó que este conjunto de medidas deben ayudarle a recuperar al menos 500.000 millones de pesos (unos 26.427 millones de dólares), que destinará al "desarrollo" del país.
Algunos de estos 50 puntos son de sobra conocidos, como la reforma de la Constitución para que el presidente en funciones pueda ser juzgado por delitos electorales y corrupción o la cancelación de las pensiones de los expresidentes.
También la conversión de la residencia oficial de Los Pinos en un espacio cultural y la integración del Estado Mayor Presidencial, el cuerpo militar de elite de Presidencia, a la Secretaría de la Defensa Nacional.
Además se eliminarán fueros y privilegios para funcionarios públicos y se considerará un delito grave el tráfico de influencias, la corrupción y el robo de combustibles. Se dará "absoluta autonomía" a la Fiscalía General y la Fiscalía electoral habrá de castigar "cualquier fraude".
Habrá transparencia en la declaración de bienes de los funcionarios, no se adquirirán vehículos nuevos y se eliminarán bonos, se cancelarán gastos médicos y se limitarán los viáticos.
Para eliminar la alta burocracia, se prevé reducir el 70 % del personal de confianza y en un 70 % el gasto de operación. Además, en línea con el salario del presidente, los funcionarios que perciban más de un millón de pesos anuales (52.826 dólares) también padecerán ajustes de hasta la mitad de su nómina.
Entre otras, se plantea reducir el 50 % del multimillonario gasto de publicidad del Gobierno Federal. Además, habrá un gran control en licitaciones y compras públicas. Se prohibirán también la convivencia entre funcionarios y contratistas y se favorecerá la transparencia y legalidad en las obras públicas, con observadores ciudadanos y de las Naciones Unidas.
En las contrataciones internacionales se buscará que las empresas ganadoras provengan de países que combaten la corrupción. Asimismo, se revisarán los actuales contratos para asegurar que no hay tráfico de influencias.
"Si hay anomalías (en estos contratos), se acudirá al Congreso o a tribunales nacionales e internacionales. Siempre por la vía legal", asegura el futuro mandatario, que apunta que este es el plan de austeridad estipulado "por ahora" y pidió a quienes desconfían de su programa paciencia para lograr "la concordia".
Para llevar a cabo este plan, que contempla un severo adelgazamiento del gasto, se presentarán las leyes necesarias al Congreso, ha concluido.