El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, promulgó una serie de reformas que implementará durante su mandato, y entre ellas, destaca el recorte de gastos en publicidad gubernamental tras la elevada suma de dinero que se destinó a la propaganda durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
“Se va a concentrar toda la comunicación del gobierno en una sola entidad”, anunció en conferencia de prensa.
Para contrarrestar los gastos, López Obrador reestructurará el aparato burocrático federal, mediante la creación de 32 coordinaciones y la eliminación de las áreas de comunicación social, según informa el periódico Sin Embargo.
La suma gastada por Peña Nieto asciende a 40 mil millones de pesos mexicanos que se distribuyeron en varios medios de prensa para, según denuncian varias organizaciones, comprar la línea editorial de televisoras, estaciones de radio, periódicos y páginas digitales.
Antes de dejar su puesto como presidente, se estima que Peña Nieto haya gastado cerca de 60 mil millones de pesos en estas propagandas, avaladas también con la aprobación de la Ley de Comunicación Social, que entrará en vigor el 1de enero de 2019 y le permitirá al Gobierno seguir derrochando en medios de comunicación sin ningún control.
La organización Fundar reveló que los medios que han ganado más dinero por concepto de publicidad oficial son Televisa, con 6 mil 680 millones de pesos; Estudios Azteca, con 3 mil 939 millones de pesos y Starcom Worldwide, con mil 280 millones de pesos, entre otros.
Otro tema que AMLO puso sobre la mesa de debate fue el abuso de altos funcionarios del Gobierno que han utilizado los recursos estatales para provecho propio.
Al menos dos escándalos de este tipo se han producido durante el actual gobierno de Peña Nieto, donde al menos, dos funcionarios de alto nivel, David Korenfeld y Emilio Gamboa Patrón, fueron descubiertos mientras utilizaban aeronaves oficiales para asuntos de índole personal.
El programa de gobierno de López Obrador se centrará, entre otros importantes aspectos, en la eliminación de la corrupción a través de un plan de austeridad que reduce drásticamente los privilegios de los funcionarios.