Tienen muy pocos años pero a su corta edad ya saben lo que es el peso de una ley que los ha convertido en víctimas inocentes y que les ha dejado cicatrices para siempre. La política de “tolerancia cero” de la Administración Trump deja un reguero de madres compungidas y miles de niños que viven en la incertidumbre de no saber si volverán a ver a sus padres.
NOTICIAS TELEMUNDO INVESTIGA y NBC News Investigation han tenido acceso a grabaciones inéditas de una corte de Alpine, Texas.
Amelia (nombre ficticio para proteger su identidad) está desesperada. A la joven de Guatemala de 24 años le quitaron a su hijo de 9 el mes pasado, en cuanto puso un pie en suelo estadounidense:
Amelia: “Me hablaron así de mañana y me dijeron que me iba a quitar al niño y que yo iba a ir a la cárcel y que a él me lo iban a quitar.”
Abogado defensor:“¿E hicieron eso?”
Amelia: “Sí”.
En la conversación a la que tuvimos acceso se escucha a su abogado defensor preguntarle si sabe dónde está su hijo. Ella responde que no. Del análisis de la conversación se extrae que Amelia no conocía la ley ni sus derechos: “A mí me dijeron que si me deportaban me daban al niño… Me dijeron que no se puede quedar el niño acá”, explica ante el tribunal.
Amelia solo tenía 28 dólares en el bolsillo cuando fue arrestada por las autoridades migratorias. Sabía que corría el riesgo de ser detenida y deportada, pero decidió arriesgarse a dejar su país porque estaba siendo extorsionada, según su testimonio ante la corte. Llegó a recibir amenazas de muerte, así que huyó con la esperanza de que el gobierno estadounidense le diera asilo. Pensaba llegar a casa de un familiar a Alabama. Ahora no se sabe cuál será el destino de ella y de su hijo, a quien no ha visto desde hace más de un mes.
Al menos, su abogado Jerome Wesevich, ha conseguido que hable dos veces por semana con el pequeño, que está en Nueva York. Pero para muchos otros padres, la comunicación con sus hijos está siendo escasa y cara.
Según la Unión de Libertades Civiles (ACLU), llamar a un abogado es un derecho, mientras llamar a un familiar es considerado un servicio.
Jerome Wesevich lidera una demanda colectiva de tres madres separadas de sus hijos. El objetivo de la demanda es reunir a las familias.
La mayor preocupación de Wesevich es que la reunificación no será tan fácil. Según algunos documentos de la Corte y conversaciones con abogados obtenidos por NOTICIAS TELEMUNDO INVESTIGA, la Patrulla Fronteriza no siempre registra la información de los niños en los expedientes de los padres cuando son detenidos. En los documentos no está el nombre de los niños, lo que hace que no haya evidencia de que han entrado con sus padres.
La situación se ha convertido en un caos porque tampoco los padres saben en qué centro están sus pequeños. Por eso, si están encarcelados las posibilidades de reunificación familiar son más difíciles. Además, muchos de los padres ya han sido deportados y no tienen los recursos económicos para pelear por sus hijos.
Miles de rostros adoloridos lloran porque les fue arrebatado el sueño americano. También se les arrebató la posibilidad de cumplir con su labor de padres y brindarles a sus hijos la protección que necesitan.
La separación de familias bajo la política de “tolerancia cero” estalló en mayo, pero unas 59.000 familias han sido detenidas entre octubre de 2017 y mayo de este año. Familias que siguen en el limbo.