Casi 3.000 menores inmigrantes se encuentran bajo tutela del Gobierno al haber sido separados de sus padres tras cruzar ilegalmente la frontera. La justicia ha obligado al Departamento de Salud a reunificar a estas familias antes de final de mes, pero, entre tanto, la única manera que tienen estos niños para hablar con sus padres es un par de llamadas de teléfono por semana. Y el precio es tan caro que algunos no se lo pueden permitir, según informa el diario The Texas Tribune.
El coste de estas llamadas es de 20 céntimos por minuto, un precio prohibitivo para quien no tiene nada. A este obstáculo se suman largos tiempos de espera, instrucciones confusas, y conexiones perdidas, según explica el citado diario.
Una madre guatemalteca que ha llevado a juicio al Gobierno por separarle de sus hijos de dos, seis y 13 años, asegura que sólo ha podido hablar con ellos una puñado de veces: “Las llamadas son tan caras que sólo puedo telefonear cuando tengo dinero”. Otro joven hondureño de 24 años indica que no ha podido ni siquiera hablar una vez con su hijo de seis años desde que los separaron en la frontera.
Las llamadas entre adultos bajo custodia de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) y sus hijos, en manos del Departamento de Salud, “son gratuitas” ha explicado un portavoz de ICE al diario, que ha añadido que también lo son las llamadas a abogados, consulados y organizaciones sin ánimo de lucro.
“Cuando llamamos a un centro de ICE para ver cómo un padre podría hablar con su hijo, nos dijeron que carecía de dinero en su cuenta para hacer la llamada”, denuncia sin embargo Efrén Olivares, director del Proyecto de Derechos Civiles de Texas. Llamar a un abogado es un derecho, pero comunicarse con la familia no, según la Unión Americana de Libertades Civiles, que señala que una llamada de 10 minutos podía llegar a costar hasta 9,50 dólares en uno de esos centros en California.