El presidente Donald Trump, en medio de críticas de todo el espectro político ante la creciente crisis humanitaria en la frontera suroeste, firmó una orden ejecutiva el miércoles para detener la separación de familias, pero insistió en que la política de "cero tolerancia" de la administración para procesar a todos los inmigrantes ilegales continuará.
Sin embargo, la orden ejecutiva del miércoles no contiene ninguna referencia al destino de los niños que ya fueron separados de sus padres desde que el fiscal Jeff Sessions dio inicio a la llamada política "tolerancia cero" en abril.
La política establece la formulación de cargos criminales contra los inmigrantes indocumentados, un procedimiento que la administración implementó desde entonces separándolos de sus hijos en la frontera.
"Vamos a tener fronteras sólidas, pero vamos a mantener unidas a las familias", dijo Trump al firmar la orden ejecutiva. "No me gustó la visión o la sensación de separación de las familias".
El decreto, llamado "Logrando que el Congreso tenga la oportunidad de abordar la separación familiar", responsabiliza a los legisladores con proporcionar una solución a largo plazo para la crisis en la frontera suroeste.
También autoriza al Departamento de Seguridad Nacional a mantener juntas a las familias cuando están detenidas en la frontera, a menos que los funcionarios determinen que el bienestar del niño corre peligro e instruye al Departamento de Defensa a proporcionar instalaciones para albergar a esas familias.
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Para agilizar el proceso de deportar a una familia o darle un estatus legal, Trump ordenó al Departamento de Justicia que "priorice" casos que involucren a familias detenidas, con el objetivo de reducir el tiempo antes de que un juez escuche su caso.
No se incluyen referencias a lo que sucederá con los menores ya detenidos y separados de sus padres, ni al procedimiento que se usarían para reunificarlos.
2342 niños que ya fueron separados de sus padres antes de que Trump diera marcha atrás, según cifras oficiales hasta el 19 de junio.
Los funcionarios federales inicialmente dijeron que esos niños no se reunirían de inmediato con sus familias mientras los adultos permanecen bajo custodia federal a causa de su procesamiento judicial por entrar en Estados Unidos sin documentos.
"No habrá una exención en los casos existentes", dijo Kenneth Wolfe, vocero de la Administración para Niños y Familias, una división del Departamento de Salud y Servicios Humanos e indicó que la decisión sobre los niños fue tomada por la Casa Blanca.
Pero más tarde el director de comunicaciones de la agencia, dijo que Wolfe se había "equivocado" e insistió en que "todavía es muy temprano y estamos esperando más orientación sobre el asunto".
Un decreto de consentimiento de 1997, conocido como el acuerdo de Flores, prohíbe a las autoridades de inmigración mantener a los niños detenidos, incluso si están con sus padres, por más de 20 días.