Varios gobernadores estadounidenses, incluidos dos republicanos, han anunciado este martes que cancelan sus aportaciones a la militarización de la frontera con México tras la crisis de la separación de familias migrantes. Los políticos han condicionado el envío de efectivos de la Guardia Nacional al cese de la separación de niños migrantes de sus padres.
Donald Trump anunció el pasado abril el despliegue de la Guarda Nacional en la frontera con México para ante "el drástico aumento de actividad ilegal en la frontera sur".
Aunque la mayoría de estos gobernadores son demócratas, como los de Connecticut, Delaware, Carolina del Norte, Pensilvania, Nueva York, Virginia o Rhode Island, también hay algunos republicanos, como el de Massachusetts, Charlie Baker, o el de Maryland, Larry Hogan.
"Esta mañana, he ordenado a nuestros cuatro efectivos que regresen con el helicóptero desde donde están en Nuevo México", ha dicho Hogan. "Hasta que esta política de separar a niños de sus familias haya sido rescindida, Maryland no desplegará recursos de la Guardia Nacional en la frontera", añade.
El gobernador de Virginia, Ralph S. Northam, también ha ordenado el regreso de cuatro guardias y un helicóptero mientras que Baker ha suspendido el envío de un helicóptero y dos militares.
Los anuncios han sido en su mayoría simbólicos, ya que estos estados o no planeaban enviar grandes contingentes a la frontera o ya habían optado por no colaborar con la militarización ordenada por Trump desde antes.
"En circunstancias normales, no dudaríamos en responder a la llamada, pero dado lo que sabemos sobre las políticas en efecto en la frontera, no puedo enviar a los delawereños a colaborar en esa misión", dijo por su parte el gobernador de Delaware, el demócrata John Carney.
Trump ordenó a principios de abril la militarización de la frontera con México con hasta 4.000 efectivos de la Guardia Nacional, un cuerpo de reserva bajo control de los estados, para combatir la inmigración. El estado que más ha contribuido a ese esfuerzo ha sido Texas con unos 1.400 uniformados.
Otros gobernadores republicanos también alzaron sus voces para oponerse a la separación de familias en la frontera, como el de Nebraska, Pete Ricketts; el de Florida, Rick Scott; o el de Illinois, Bruce Rauner, que pidió a Trump su suspensión.
Tras el anuncio el pasado abril del fiscal general, Jeff Sessions, de la política de inmigración "tolerancia cero", 2.000 menores han sido separadas de sus padres en seis semanas entre abri y mayo.