Una tribunal federal mexicano ha ordenado este lunes la creación de una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia para que realice una nueva investigación sobre el caso Ayotzinapa al concluir que la que realizó la Fiscalía mexicana (Procuraduría General de la República) adoleció de lentitud, falta de independencia y violaciones a los derechos humanos mediante la tortura.
La Comisión para la Verdad, según los magistrados del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, se crea ante los indicios de “graves violaciones” de derechos humanos, como la tortura para obtener confesiones, desaparición forzada de personas y ejecuciones extrajudiciales, ante la falta de una Fiscalía independiente en México y ya que debe investigarse la participación de autoridades del Gobierno.
Así los magistrados determinan que la investigación incumplió la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Protocolos de la Organización de Naciones Unidas. En este contexto, la construcción del caso no permite conocer qué pasó realmente con los 43 estudiantes de la escuela Normal de Ayotzinapa que desaparecieron el 26 de septiembre de 2014, en Iguala (Guerrero, sur de México).
Pocos meses después de las desapariciones, el titular de la PGR dijo que los investigadores habían encontrado la “verdad histórica” de lo sucedido: que los estudiantes fueron asesinados y sus cadáveres incinerados en un vertedero de basura en las afueras de Iguala. Sin embargo, las investigaciones posteriores de expertos externos pusieron en entredicho tal versión.
En marzo de este año, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló en un informe que 34 de las 129 personas arrestadas en el caso sufrieron tortura. “No aparece que se hayan investigado los actos de tortura, lo que conlleva que igualmente no se ha indagado al personal a quien se atribuyen tales actos, entre ellos, a los integrantes de la Secretaría de la Marina Armada de México”, señala el tribunal federal.
En el informe de la ONU se acusó a investigadores federales y a soldados de la Marina de extraer confesiones mediante tortura, y se solicitó que esas declaraciones fueran desechadas. En aquella ocasión, el gobierno mexicano respondió que todos los incidentes mencionados estaban en investigación.
“El gobierno federal respondió siempre que serían los tribunales mexicanos los que emitirían la calificación final de la investigación. Hoy lo han hecho y su veredicto es contundente: la acusación de la PGR es insostenible y toda la investigación debe ser revisada de manera autónoma e imparcial”, dice el comunicado de los familiares de los estudiantes desaparecidos.
La Comisión para la Verdad estara formada por los representantes de las familias de las víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Ministerio Público de la Federación y organizaciones nacionales e internacionales. Este tribunal federal ha apuntado que solo las dos primeras decidirán las líneas de investigación.