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Disminuyen las denuncias de abuso doméstico entre hispanos, pero solo por el temor a la deportación

Aunque la población inmigrante de Houston es una de las que más crece en el país, en 2017 la ciudad sufrió una caída del 16% en los informes sobre violencia doméstica de la comunidad hispana.
/ Source: TELEMUNDO

Aunque la población inmigrante de Houston es una de las que más crece en el país, en 2017 la ciudad sufrió una caída del 16% en los informes sobre violencia doméstica de la comunidad hispana.

Esta preocupante disminución de los casos de denuncia de este género tiene su origen en el cambio de actitud de la policía local, amparada por la política hacia la inmigración que se lleva a cabo en Texas y por el clima político hostil en todo el país con respecto al tema de la inmigración ilegal.

De acuerdo con un reporte reciente publicado en The New York Times, el año pasado la policía de Houston registró 6.273 informes de violencia doméstica entre hispanos, una cifra notablemente inferior a los 7.460 computados en 2016.

En paralelo, los departamentos de policía de varias ciudades con grandes poblaciones hispanas, como Los Ángeles, Denver y San Diego, también experimentaron una disminución en los informes sobre violencia doméstica y agresión sexual en sus comunidades hispanas.

Pero en el caso de Houston, estas denuncias por violencia doméstica entre latinos disminuyeron incluso cuando esa comunidad ha dado muestras de un crecimiento significativo, llegando a ser en estos momentos el 44% de la población.

“Los inmigrantes indocumentados, e incluso los inmigrantes legales, tienen miedo de denunciar los delitos -aseguró el jefe de la policía de Houston, Art Acevedo, quien se ha referido públicamente a la necesidad de que los líderes locales cuiden a los inmigrantes, quienes se encuentran bajo una mayor presión de las autoridades estatales y federales.

"Ellos (los inmigrantes) ven en los titulares de todo el país cómo los agentes de inmigración se están apareciendo en los juzgados para intentar deportar a las personas", agregó.

Uno de los casos más llamativos tuvo lugar en febrero del año pasado, cuando una mujer transgénero indocumentada de México acudió a un tribunal en el condado de El Paso, Texas, para presentar una orden de protección contra su exnovio. La mexicana fue detenida por agentes federales en el mismo sitio al que había acudido para cursar su denuncia.

En varios puntos de Houston, The New York Times pudo escuchar a inmigrantes, activistas de los derechos de las mujeres y trabajadoras de refugios para víctimas de la violencia doméstica, quienes compartieron detalles de las historias de mujeres que tenían cada vez más miedo de acercarse a las autoridades, todo porque ello implicaría una amenaza de deportación.

Una mujer de 38 años que prefirió el anonimato relató que nunca había llamado a la policía para denunciar las golpizas que le daba su esposo, quien llegó incluso a golpearla en el vientre cuando ella tenía seis meses de embarazo, provocándole la muerte del bebé. Cuando el hombre la amenazó con matarla, ella lo abandonó, pero no se le ocurrió acudir a las autoridades.

"Sé que la policía está ahí para ayudar -dijo-. Pero con las leyes de ahora, muchas mujeres como yo tienen demasiado miedo de presentarse".

Según el artículo, en todo el país las autoridades han documentado disminuciones en las denuncias de delitos por parte de los inmigrantes. Aunque la reticencia general a contactar a las autoridades siempre ha sido un problema para la policía que trata con comunidades inmigrantes, la policía estima que muchas de los descensos más abruptos comenzaron a principios de 2017, cuando el presidente Trump asumió el cargo y ordenó que el Servicio Federal de Inmigración y Aduanas se enfocara en quienes habían entrado al país ilegalmente.

Las órdenes de deportación han visto un considerable aumentado, en general a partir de 2016, y se han aplicado mucho más ampliamente de lo que lo fueron durante los últimos dos años de la administración Obama. También han aumentado las detenciones de inmigrantes que comparecen en los tribunales.

Hace apenas un mes, una encuesta realizada a cientos de agentes de policía, defensores de víctimas y fiscales de 50 estados del país, y publicada por la American Civil Liberties Union, encontró numerosos informes de que los inmigrantes indocumentados son ahora más reacios a llamar a la policía, a presentar cargos penales y a testificar contra sus agresores.

Mientras, un total del 82% de los fiscales encuestados dijeron que los casos de abuso doméstico se han vuelto más difíciles de enjuiciar.

Pero este fenómeno en Texas ha sido particularmente pronunciado.

En el Condado de Harris, donde está enclavada la ciudad de Houston, el número de inmigrantes extraídos de las cárceles locales y entregados a los agentes federales que ejecutan órdenes de inmigración aumentó en un 60% en los primeros cinco meses de 2017, según un análisis del Instituto de Política de Migración, un grupo de expertos en inmigración con sede en Washington.

En septiembre, la Legislatura de Texas aprobó una ley general que ordena a los departamentos de policía locales cumplir con las solicitudes de las autoridades federales para que entreguen a los detenidos sospechosos de residir ilegalmente en el país. El gobernador republicano Greg Abbott ha declarado que la medida era necesaria para evitar que las municipalidades se erigieran como las llamadas "ciudades santuario".

Ahora, con la nueva ley en Texas, conocida como Proyecto de Ley Senatorial 4 (SB 4), los funcionarios locales podrían enfrentar penas de cárcel y multas que excedan los 25,000 dólares si se niegan a cumplir con las solicitudes federales de "detención".

La alcaldía de Houston se unió a las de Dallas, Austin y otras ciudades del estado con grandes poblaciones hispanas en una demanda para revocar la ley, argumentando que la SB 4 podría conducir a un perfil racial generalizado.

“Si eres un criminal y has hecho algo mal, ya sea que estés aquí legal o ilegalmente, tienes algo de qué preocuparte", declaró el gobernador Abboo en una entrevista. "De lo contrario, no tienes nada de qué preocuparte". Un tribunal federal de apelaciones confirmó la medida en abril pasado, pero actualmente evalúa una solicitud de las ciudades para una nueva audiencia.

Mientras tanto, la tormenta política que rodea a este debate ha llevado a algunos de los inmigrantes más vulnerables del estado a colocarse mucho más a la sombra. Ello es especialmente preocupante para el departamento de policía de Houston, que el año pasado registró 43 homicidios de violencia doméstica entre todos los grupos étnicos.

"Una legislación como esta no ayuda para nada. Simplemente hace nuestro trabajo más difícil -opinó Jason Cisneros, un oficial que está llevando a cabo actividades de divulgación para hacer que los hispanos se sientan más cómodos al denunciar los delitos-. No es solo la disminución en las llamadas telefónicas de denuncia, sino también la disminución de la voluntad de ser parte de una investigación".

A pesar del descenso en las denuncias a la policía, las víctimas están encontrando soluciones. El Centro de Mujeres del Área de Houston, donde en 2017 se recibieron 33,692 llamadas generales a su línea directa contra la violencia doméstica, experimentó un aumento en las mujeres hispanas que buscan ayuda.

Los asesores de la línea directa de esta institución informan a quienes llaman sobre sus derechos legales y los alientan a revelar su estado migratorio, para que se les informe sobre la solicitud de protecciones legales especiales que puedan estar disponibles.

A las víctimas de agresión sexual y violencia doméstica se les puede otorgar un permiso para permanecer en Estados Unidos bajo lo que se conoce como visa U, quizás de forma permanente, si ayudan a la policía en su investigación. Pero el tope legal de 10,000 visas al año en todo el país ha atascado las cosas: el año pasado, 33 500 víctimas de asalto solicitaron visas U, más de tres veces el número disponible.