Cuatro senadores demócratas han presentado un proyecto de ley para limitar la capacidad de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) y de la Patrulla Fronteriza para interrogar a pasajeros de trenes y autobuses sobre su estatus migratorio.
Este medida, bautizada como Department of Homeland Security Accountability and Transparency Act, obligaría a los agentes a guardar información detallada de cada persona a la que interrogaran, explicando, entre otros detalles, el motivo de la parada. En la actualidad, sólo están obligados a hacerlo si usan la fuerza o si llevan a cabo un arresto, según explica la senadora Kirsten Gillibrand.
En teoría, la Patrulla Fronteriza detiene a los inmigrantes indocumentados que tratan de entrar en el país de forma irregular, mientras que ICE se encarga de aquellos que ya lo han logrado y viven sin documentos en ciudades y pueblos de todo el país.
Sin embargo, la ley federal permite a los patrulleros interrogar sobre su estatus migratorio a cualquier persona que esté a menos de 100 millas de la frontera (lo que incluye el mar). Hay 11 estados cuyo territorio cae parcial o totalmente dentro de esos límites, y cerca de 200 millones de estadounidenses viven en esas zonas.
La norma obliga a los agentes tener una “sospecha razonable”, pero el Departamento de Seguridad Interior no facilita información sobre cuáles son los motivos esgrimidos para hacerlo, o cuántas paradas se llevan a cabo.
Vídeos publicados en redes sociales encendieron el debate hace unos meses sobre la posibilidad de que esta práctica violara la Cuarta Enmienda de la Constitución, que protege a los ciudadanos de actuaciones excesivas.