El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ha decidido finalmente acabar con el Estatus de Protección Voluntaria (TPS) que permitía residir en Estados Unidos a 57.000 inmigrantes hondureños que desde hace dos décadas.
El pasado noviembre, el Gobierno optó por extender su permiso temporal seis meses más, hasta el 5 de julio de 2018, hasta tomar una decisión definitiva. Este viernes ha anunciado sin embargo el final del programa: los hondureños tendrán 18 meses para marcharse del país, hasta el 5 de enero de 2020.
En su opinión, las condiciones en Honduras han mejorado lo suficiente para que pueda regresar a su país de origen, a pesar de que muchos han residido durante años en Estados Unidos, en donde se han hecho su vida y muchos han tenido hijos.
Para los inmigrantes hondureños la realidad de su país dista mucho de la que vende Washington. Honduras es hoy por hoy uno de los países más pobres y más violentos de la región. La violencia de las pandillas y el crimen organizado son de los peores problemas a los que se enfrenta el país y la peor pesadilla para muchos padres beneficiarios de TPS y que hoy se enfrentan a la posibilidad de tener que regresar a Honduras.
La comunidad hondureña en el país, el grupo de receptores de TPS más grande que vive en Estados Unidos, se ha movilizado activamente en los últimos meses, pero no ha sido suficiente. Ahora tendrán un plazo de 18 meses para regresar a su país, buscar otra forma de residencia legal en Estados Unidos o trasladarse a un tercer país que los acoja.
Canadá, por ejemplo, ya ha dicho que estaría dispuesto a recibir a aquellos ciudadanos centroamericanos afectados por el retiro del TPS. El país vecino está abierto a recibir solicitudes de asilo, pero bajo ciertas condiciones y con el objetivo de que se haga de forma ordenada.
Los hondureños, que finalmente han corrido la misma suerte que otros inmigrantes, se suman así a ciudadanos de Nepal, El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán, que en los últimos tiempos también vieron como se les cerraba la puerta a permanecer bajo dicho beneficio en el país.
El TPS para Honduras fue otorgado en 1999 después de que le país quedara devastado por el paso del huracán Mitch. Bajo el paraguas del TPS, los ciudadanos hondureños han podido vivir y trabajar en Estados Unidos durante estos años.
Según cálculos del Centro para el Progreso Estadounidense, la economía estadounidense se verá reducida en 31.300 millones de dólares en los próximos diez años sin la aportación de los hondureños con TPS que trabajan actualmente.
Para Nicole Svajlenka, experta en Política de Inmigración en el CAP, obligar a los hondureños a regresar a su país sería una decisión "cruel" por parte de la Administración Trump.
"Los beneficiarios de TPS hondureños han vivido en Estados Unidos durante más de dos décadas: han criado hijos nacidos aquí, han contribuido ampliamente a la economía y son miembros profundamente arraigados en sus comunidades", indicó Svajlenka.
Los activistas también consideran que Honduras no está preparado ni política ni económicamente para recibir de golpe a decenas de miles de hondureños que han vivido durante años en Estados Unidos.
En este sentido, un grupo de 56 congresistas envió este jueves una carta a la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, en la que indicaron que las condiciones en el país centroamericano han empeorado en los últimos meses. Mencionaron como motivo las presuntas irregularidades en las elecciones presidenciales de noviembre de 2017 y las posteriores protestas masivas, que causaron al menos 18 muertos.
A pesar de los recientes acontecimientos, el Gobierno de Estados Unidos insiste en que el TPS fue otorgado a Honduras por el huracán Mitch y que los efectos de ese desastre han sido resueltos.
El TPS no abre ninguna vía para la residencia permanente ni ningún otro estatus de regulación migratoria, por lo que si el Gobierno decide no prorrogarlo, sus beneficiarios tendrían que volver a su país de origen o se convertirían en inmigrantes indocumentados y podrían ser deportados.