El futuro de más de un millón de inmigrantes está atascado en las cortes de inmigración, según ha reconocido por primera vez el Gobierno presidido por Donald Trump, que ha emprendido medidas urgentes para resolver un retraso que impide deportar o dar papeles durante años a aquellos que solicitaron asilo.
La Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración, dependiente del Departamento de Justicia, supervisa las 58 cortes de inmigración, que cuentan con 334 jueces. Su presidente, James McHenry, ha desgranado este martes su plan para acabar con el atasco de casos pendientes porque, ha indicado en un acto organizado por el Centro para Estudios de Inmigración, “retrasar la administración de justicia es lo mismo que denegarla”.
La Universidad de Syracuse eleva el atasco a 693.000 expedientes. McHenry ha confirmado esta cifra (“en la parte inferior de los 690.00”, ha dicho), y ha recalcado que el retraso se ha duplicado desde 2012 y se ha triplicado desde 2009. “Hemos logrado algún progreso, pero queda mucho por hacer”, ha dicho.
A esos 690.000 casos, sin embargo, se suman otros 330.000, ha admitido, que se encuentran en estado de cierre administrativo, es decir, congelados temporalmente. En un principio, esta medida se tomaba cuando un inmigrante lograba un estatus de protección temporal, a la espera de que éste venciera para retomar el caso, ha explicado McHenry. Sin embargo, el cierre administrativo “se ha ampliado” desde 2012, “se le ha dado más latitud”.
Así, en total hay más de un millón de personas cuyo futuro depende de las cortes de inmigración. Según el instituto Pew Research Center, hay 11 millones de indocumentados en Estados Unidos.
Para resolver este atasco, McHenry ha señalado varias medidas en marcha, empezando por la contratación de jueces. En el último año y medio se han incorporado 56, y está abierto el proceso para añadir 84 más, 48 de ellos antes de octubre.
Según McHenry, tiene autorización para incorporar a 484 jueces más. El presidente, Donald Trump, solicitó al Congreso que fueran 700, lo que habría eliminado el atasco en dos o tres años, según McHenry.
En cualquier caso, contratar a más jueces “es necesario pero no suficiente”. Además, quiere “incrementar la capacidad” para resolver casos, para lo que está “revisando de arriba a abajo y de forma estricta todas las políticas y regulaciones”.
McHenry pretende recuperar a jueces ya retirados para que escuchen casos; digitalizar todos los procesos, que ahora se hacen en papel; y aumentar la productividad imponiendo un mínimo de 700 casos por juez al año, obligando además a que los casos que se les devuelve desde apelación por errores no rebasen el 15% del total.
“Hay jueces que están en desacuerdo con nuestras medidas”, ha admitido, pero “estamos trabajando con ellos”. En su opinión, si se cumplen todos sus planes, el atasco “no es imposible de resolver”.