Ernest Atencio, de 44 años, fue arrestado en diciembre de 2011 en Phoenix (Arizona). Los agentes de policía aseguran que asustó a una mujer, gritando y dando patadas a la puerta de su apartamento. Ya habían tenido un encuentro con él horas antes, en una tienda, y concluyeron que su comportamiento errático se debía a una enfermedad mental, y no al alcohol y las drogas. Aun así, se lo llevaron detenido. No salió vivo de la cárcel.
La policía asegura que Atencio se puso a hablar con un bote de cacahuetes, y que incluso le ofreció su chaqueta. Sus abogados afirman que nunca se mostró agresivo. Sin embargo, añaden, cuando se negó a quitarse un zapato, un agente comenzó a golpearle. Siempre según su relato, otros se unieron y, mientras uno le sujetaba, el resto le dio un paliza. Incluso le dispararon con una pistola eléctrica.
La prisión en cuestión estaba bajo el mando de sheriff Joseph Arpaio, sheriff del condado de Maricopa entre 1993 y 2016. En julio de 2017, Arpaio fue condenado por desacato, al negarse cuando aún era sheriff a obedecer la orden de un juez que le exigió que dejara de hacer redadas contra inmigrantes sólo por el color de su piel. Apenas un mes después, en agosto, el presidente, Donald Trump, le indultó. Ahora quiere aspirar a un asiento en el Senado.
Por las actuaciones de Arpaio durante sus seis mandatos como sheriff, el condado de Maricopa ha pagado ya 33 millones de dólares en acuerdos judiciales relacionados con los abusos de sus agentes. La demanda judicial de la familia de Atencio podría costarle a los contribuyentes otros siete millones de dólares, de acuerdo con la oferta hecha por el condado para cerrar el procedimiento. La Junta de Supervisores del condado votará este miércoles el acuerdo.
Anteriormente, ya tuvo que pagar 8,25 millones para cerrar una demanda sobre la muerte de un preso, en 1996, después de que un agente le atara a una silla y le apretara la cabeza contra su pecho. Su fallecimiento por asfixia fue considerado accidental.