San Antonio (Texas). - “Será un muro grande y bello”, ha bromeado la vicesecretaria de Seguridad Nacional, Elaine Duke, sobre la barrera física que su departamento quiere construir en la frontera mexicana. Es una de las principales promesas electorales del presidente, Donald Trump, que negocia estos días una reforma migratoria con la que conseguir 25.000 millones de dólares para construirlo.
Pero Duke, máxima responsable de Seguridad Nacional hasta hace unos días, ha sembrado de matices este jueves el discurso de la Casa Blanca: al sentimiento de “urgencia” por detener a los inmigrantes indocumentados que cruzan la frontera ilegalmente ha unido dos retos formidables: cómo obtener la tierra para el muro, y las ecenas de leyes que planean saltarse para construirlo.
La frontera entre México y Estados Unidos se extiende unas 2.000 millas, pero tanto Trump como su jefe de gabinete, John Kelly, han reconocido que no hará falta levantar una barrera desde el océano Pacífico hasta el Golfo de México. En parte, porque ya hay 654 millas de muro construidas, las que se suman otras 51 con barreras dobles o triples; podrían tener que reforzarse, y de hecho ésa es la intención del presidente, pero ya están ahí. Y, en parte, porque “hay un montón de barreras naturales”, según Trump, montañas y “ríos violentos y crueles” que sirven de barrera natural.
Según sus cálculos, sólo harían falta entre 700 y 900 millas de muro; pero sólo construir o reforzar 60 millas costaría, según la Casa Blanca, hasta 1.600 millones de dólares. Mientras el presidente negocia con el Congreso una reforma migratoria que le consiga 25.000 millones a lo largo de los próximos años, el Departamento de Seguridad Nacional ya trabaja “con urgencia” en dos de los aspectos más complicados de construir una barrera física. “Lo más difícil es la adquisición de la tierra”, ha señalado Elaine Duke este miércoles en una convención sobre seguridad fronteriza en San Antonio (Texas).
El Gobierno federal está armando un grupo de 12 abogados para combatir en las cortes con los propietarios de las tierras sobre las que quiere construir el muro, según informa la revista Newsweek citando un informe oficial del Congreso. Duke ha recordado hoy en San Antonio que el proceso es “muy complicado” y requiere acudir siempre ante un juez. Promete, eso sí, ser “compasiva y considerada” con los propietarios de esas tierras.
La Quinta Enmienda de la Constitución permite al Gobierno federal expropiar terrenos privados por el bien público, pagando una compensación justa. Según el medio Think Progress, el Departamento de Seguridad se ha comprometido a buscar primero a propietarios que estén dispuestos a vender voluntariamente, pero admite que tendrá que recurrir a la expropiación.
Dos tercios de la tierra por la que discurriría el muro es privada; de acuerdo con un estudio de la universidad MIT, construir 1.000 millas de muro podría costar hasta 40.000 millones de dólares… sin contar la adquisición de la tierra. Y eso sin mencionar los problemas legales, errores, abusos o irregularidades en las que se podría incurrir, como sucedió en la construcción de las 653 millas ya en pie, de acuerdo con una investigación liderada por el medio ProPublica.
La primera fase en ser construida cubriría 26 millas en San Diego (California), donde se reforzaría la valla ya existente; y en El Paso (Texas) y el valle del río Grande. La Casa Blanca pidió el pasado verano 1.600 millones de dólares al Congreso para esta fase, pero no los obtuvo. A continuación, según un informa de Seguridad Nacional al que tuvo acceso la agencia Bloomberg, se construirían 151 millas en el río Grande, Laredo (Texas), Tucson (Arizona), El Paso y Big Bend (Texas).
Para esa primera fase, el Departmento de Seguridad Nacional ya ha solicitado los permisos para saltarse unas 40 leyes. “No estamos buscando hacer trampas para no cumplir las normas medioambientales”, ha resaltado este miércoles Duke, pero sí ha querido insistir en la “urgencia” para acelerar un proceso que, según el informe citado por Bloomberg, podría extenderse al menos tres años.
El Departamento de Seguridad Nacional anunció el 1 de agosto la emisión de una dispensa especial que “elimina la obligación de cumplir varias leyes” con el objeto de asegurar la “construcción rápida” de 15 millas de muro junto a la frontera de San Diego, entre el océano Pacífico y aproximadamente una milla al este del monumento fronterizo 251. Alegó que sólo en 2016 habían sido interceptados 31.000 inmigrantes indocumentados en ese sector fronterizo, y prometió reducir al máximo el impacto de la dispensa. La valla actual data de los años 90 y “ya no es óptima” para disuadir a los inmigrantes que quieren cruzar la frontera, dijo.
El 12 de septiembre, se anunció una dispensa similar para el sector fronterizo conocido como El Centro, con el objeto de reforzar tres millas de muro desde el acceso de la ciudad californiana de Calexico hacia el oeste. Por esa zona intentaron acceder el año pasado 19.400 inmigrantes indocumentados, según el Departamento de Seguridad Nacional.
Las dispensas correspondientes aparecieron detalladas en el Registro Federal el 2 de agosto y el 12 de septiembre, respectivamente, y explican en detalle las leyes que quedaran en suspenso para la construcción de estas nuevas barreras: National Environmental Policy Act, Endangered Species Act, Clean Water Act, National Historic Preservation Act, Migratory Bird Treaty Act, Migratory Bird Conservation Act, Clean Air Act, Archeological Resources Protection Act, Paleontological Resources Preservation Act, Federal Cave Resources Protection Act, National Trails System Act, Safe Drinking Water Act, Noise Control Act, Solid Waste Disposal Act, Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act, Archaeological and Historic Preservation Act, Antiquities Act, Historic Sites, Buildings, and Antiquities Act, Wild and Scenic Rivers Act, Farmland Protection Policy Act, Coastal Zone Management Act, Wilderness Act, Federal Land Policy and Management Act, Reclamation Project Act, National Wildlife Refuge System Administration Act, National Wildlife Refuge System Improvement Act, National Fish and Wildlife Act, Fish and Wildlife Coordination Act, Wild Horse and Burro Act, Act of Oct. 30, 2000, Administrative Procedure Act, Otay Mountain Wilderness Act, Rivers and Harbors Act, Eagle Protection Act, Native American Graves Protection and Repatriation Act, American Indian Religious Freedom Act; y Religious Freedom Restoration Act.
Muy por encima, estos permisos especiales permiten al Gobierno saltarse las leyes que protegen especies animales y vegetales en peligro de extinción; que aseguran que los ciudadanos puedan beber agua cristalina y respirar aire limpio (según Trump, sus dos máximas prioridades medioambientales); que protegen los descubrimientos arqueológicos, las creencias y cementerios de los nativos, o las águilas que son el símbolo de la nación; etcétera, etcétera, etcétera.
Un grupo ecologista ya ha denunciado al Gobierno federal por poner en peligro la existencia de especies protegidas, según informa Bloomberg. Probablemente no sea sino el primer ladrillo en el muro de obstáculos a los que se enfrentará Trump para hacer realidad su promesa electoral.