San Antonio (Texas). - Levantar un gigantesco muro en la frontera mexicana podría parecer la clave para reforzar la seguridad nacional y frenar la llegada de inmigrantes indocumentados. No lo es. Y es el presidente, Donald Trump, principal defensor de esta barrera, quien más claro lo ha dejado, con su discurso del martes sobre el estado de la nación. Seguridad nacional implica construir el muro, afirmó, pero, de forma crucial, supone sobre todo acabar con una “terrible” y “peligrosa” política que él mismo prometió finiquitar tras su llegada a la Casa Blanca y no ha logrado hacerlo. El futuro de miles de indocumentados, y en especial de niños y jóvenes que llegan al país sin sus padres, depende de cómo se resuelve este asunto.
Parte de los 25.000 millones que le pide al Congreso para construir el muro podrían terminar dedicados a construir centros de detención, según ha afirmado la vicesecretaria de Seguridad Nacional, Elaine Duke, si no se encuentra una forma “rápida” y “limpia” de expulsar a los inmigrantes indocumentados detenidos en la frontera. Duke, máxima responsable de Seguridad Nacional hasta hace unos días, ha insistido hoy en San Antonio, durante una convención sobre seguridad en la frontera, en la importancia de la política de capturar y liberar.
Esta política consistía en dejar en libertad a los indocumentados hasta que un juez de inmigración examinara su caso. Oficialmente, esto dejó de hacerse durante la presidencia de George W. Bush. Sin embargo, la orden ejecutiva firmada por Trump nada más llegar a la Casa Blanca establecía el final de esta política, obligando a mantener bajo detención a todos aquellos indocumentados que no pudieran ser deportados inmediatamente, hasta poder comparecer ante un juez.
Antes del final del verano se comprobó que esta orden seguía sin cumplirse ahora como no se cumplía antes de la llegada de Trump a la Casa Blanca, según informa la agencia de noticias Reuters a partir de estadísticas oficiales.
¿Por qué? Con el retraso actual (más de 650.000 casos pendientes, hasta dos o tres años de espera), el Gobierno tendría que mantener en centros de detención a miles de indocumentados… y sencillamente no tiene espacio y recursos suficientes para ello. Además, un acuerdo judicial de 1997, el Flores Agreement, impide al Gobierno encarcelar a menores inmigrantes durante más de 21 días.
Todo esto supone “peligrosos huecos” que, en opinión de Trump, ponen en peligro la seguridad nacional, puesto que serían usados, según el presidente, por pandilleros de la MS-13 para entrar en el país y cometer crímenes. Según la Administración Trump, muchos indocumentados no llegan además a presentarse a su cita judicial, quedándose ilegalmente en el país hasta ser atrapados de nuevo.
¿Cómo podría cerrar Trump estos huecos? Entre otras medidas, el presidente quiere limitar las condiciones por las que un inmigrante puede pedir asilo en Estados Unidos, fundamentalmente, alegando un miedo creíble a ser perseguidos en su país de origen. En el año fiscal 2015, sólo dos de cada 10 peticiones de asilo fueron aceptadas, según cifras del Departamento de Justicia citadas por Reuters.
Este debate forma parte de la negociación sobre la reforma migratoria que tiene lugar estos días en Washington, junto con el muro y el futuro de los soñadores. La intención de Trump es que ni siquiera tengan la posibilidad de solicitar ser vistos por un juez, al no cumplir los requisitos mínimos. De esta forma, se aliviaría el retraso en las cortes de inmigración, y en los centros de detención de inmigrantes, deportando de forma “rápida y limpia”, según Elaine Duke.