El Congreso mexicano ha aprobado este jueves la ley de seguridad que permite al ejército actuar como policías, una medida que asociaciones de derechos civiles y oposición política considera que militarizará el país. Debatida a toda velocidad, y aprobada por la mayoría en el Gobierno sin tiempo apenas para leerla y debatirla apropiadamente, la ley pasará ahora al Senado para su validación. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) quiere que esté lista para el 15 de diciembre, aunque necesitará para ello el apoyo del Partido Acción Nacional (PAN), pues carece de mayoría absoluta en la Cámara Alta.
“Hace tiempo que la Ley de Seguridad Interior dejó de ser solamente una valiosa propuesta para convertirse en una imperiosa necesidad”, ha defendido el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto.
Los defensores de la medida aseguran que el Ejército debe colaborar en la lucha contra el crimen en las calles, ante la incapacidad o corrupción de las fuerzas policiales locales. Sus detractores requieren un debate más calmado sobre los límites de los poderes militares.
La ley establece un permiso de un año prorrogable para que el Ejército se ocupe de la seguridad pública en cualquier zona del país. La decisión sobre el despliegue y su duración (que puede ser indefinida) recae en el presidente; el debate de la medida se produce precisamente en tiempo de precampaña electoral, en los últimos meses de mandato de Peña Nieto.
En cualquier caso, la ley se limita a legalizar lo que los militares llevan ya haciendo de facto: realizar redadas, establecer puntos de control, y perseguir y detener a sospechosos. Sus detractores llaman la atención sin embargo sobre la posibilidad de que el presidente pueda declarar el estado de emergencia fácilmente y enviar a los militares a las calles por otros motivos, como disolver manifestaciones.
La urgencia de Peña Nieto se sostiene sobre la violencia apenas sin precedentes que sufre México, que lleva encadenando mes tras mes el récord de asesinatos, con cifras superiores a los peores años de la lucha contra el narco. En octubre se registraron 2.764 homicidios, y en todo el año ya se rozan los 24.000, pudiendo así convertir a 2017 en el año más violento de la historia reciente del país.