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ICE se rehúsa a trasladar a padre indocumentado a San Diego, pese a orden de juez

Un juez de migración aprobó su traslado, pero ICE lleva más de un mes sin hacer cumplir la orden

Un juez de migración aprobó su traslado, pero ICE lleva más de un mes sin hacer cumplir la orden

Pese que un juez de migración aprobó una orden de traslado a San Diego de un padre indocumentado, la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se rehúsa a cumplir la orden, dejando al hombre y a su familia – residente en esta ciudad fronteriza – en incertidumbre.

Paulino Hernández-Hernández, de 39 años, fue arrestado el pasado 16 de junio, cuando conducía por la Autopista 78 en el condado de San Diego. Hernández fue detenido por agentes de la Patrulla Fronteriza (CBP), “sin causa alguna”, según el abogado del hombre, y posteriormente esposado tras revelar su estatus de indocumentado.

A los pocos días, y luego que se le negara una fianza, ICE trasladó a Hernández a un centro de detención en Aurora, Colorado, donde ha permanecido por más de cuatro meses y sin tener esperanza alguna, no solo de permanecer en el país, sino de ser trasladado a San Diego donde por lo menos podrá ver a su familia.

Si Hernández estuviese detenido en Otay Mesa, sus hijos al menos podrían verlo, asegura Anailda Aguilar, esposa del inmigrante oriundo de Oaxaca, México. Mínimo “nos daría un poco de esperanza”, dice.

Pero el caso del Hernández es, a decir de expertos, uno “irregular”, y que podría ser indicación de una práctica interna que ICE está empleando de manera reciente.

Traslado aprobado

El pasado 28 de septiembre, la jueza Nina M. Carbone aprobó el traslado de Hernández desde el centro en Aurora a Otay Mesa, donde inicialmente fue retenido. Sin embargo, la agencia migratoria no ha cumplido con la orden, y en su lugar ha sometido el pedido a reconsideración.

Según el abogado del hombre, Murray D. Hilts, ICE se niega a cambiar el lugar de detención porque la agencia podría tener mejor resultado –deportar a Hernández- en Colorado.

Hilts dijo a La Opinión que el cambio de leyes de un estado a otro perjudica el caso de Hernández.

En 2003, Hernández fue detenido en California, convicto por poseer droga y posteriormente liberado en San Diego. Años después, el abogado Hilts logró suprimir ese cargo del historial criminal de Hernández.

En 2003, Hernández fue detenido en California, convicto por poseer droga y posteriormente liberado en San Diego. Años después, el abogado Hilts logró suprimir el cargo del historial criminal de Hernández. 

No obstante, desde su traslado a Colorado, la convicción de ese entonces ha sido exhumada y está siendo utilizada en el caso contra el inmigrante mexicano. Además, el hombre ya cuenta con una deportación previa. Este hecho le ha impedido conseguir la residencia permanente por medio de su esposa, una ciudadana estadounidense.

“Es común que ICE traslade a los detenidos de un lado a otro, pero en este caso se están comportando de manera testaruda”, dijo Hilts.

Forum-Shopping

De ser verídico el argumento que presenta el abogado Hilts, ICE estaría empleando una práctica llamada “forum-shopping”, la cual implica trasladar a un detenido al centro reclusorio más conveniente para que el juez de migración en cuestión ordene la deportación del individuo.

A decir de Bardis Vakili, abogado superior de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) del Sur de California, aunque ICE tiene la autoridad de trasladar a detenidos de un centro a otro, es inusual que los alejen de sus familiares y su representación legal. Pero, de tratarse realmente de un caso de “forum-shopping”, la agencia migratoria estaría violando política interna establecida hace años.

Aunque no habló con este diario en detalle sobre otros casos, Vakili confirmó que en meses recientes este tipo de casos, de “forum-shopping”, han ido en aumento.

“No sé si sea un cambio de política de ICE, pero tendremos que estar atentos. Tendremos que ver si [este caso] es único, o si es parte de una serie de violaciones en aumento”.

Según Vakili, hacer este tipo de traslados es costoso e ilógico. Además, “alejar a las personas de sus abogados, familiares y testigos es una seria preocupación que podría perjudicar un juicio justo”.

Por su parte, la agencia migratoria ha negado divulgar detalles sobre el caso.

Por medio de un comunicado dirigido a La Opinión, ICE informó que Hernández fue trasladado desde el centro en Otay Mesa a Aurora debido a la falta de cupo en esas instalaciones– una práctica rutinaria, según la portavoz Lauren K. Mack. En cuanto a lo tardado del traslado, Mack informó que ICE ha sometido una petición de reconsideración por parte del juez que aprobó el traslado.

El dolor de la familia

Mientras la esposa de Hernández espera respuesta sobre el futuro de este, la mayor de sus preocupaciones cae sobre sus hijos, Esteban, de 7 años y Rodrigo, de 14.

“El mayor sabe y es muy reservado. Cuando le pregunto cómo está, no quiere hablar sobre el tema. Pero el más chiquito, a él no le hemos dicho”, dice Aguilar, intentando suprimir el llanto.

Sus hijos tuvieron que pasar el Día del Padre y Halloween sin él. Y a final del mes, su hijo menor cumplirá 8 años.

“Yo siento que el pequeño piensa que su papá lo abandonó”, dice la mujer entre lágrimas. “Y eso es lo que menos quiero. Que piensen mis hijos que su papá no los quiere”.

Cada noche, el papá llama a sus hijos por teléfono para desearles buenas noches. Esto mantiene a flote los ánimos de los hijos, pero Aguilar se ha visto en apuros desde el día en que Hernández fue recogido por la Patrulla Fronteriza.

Pese que Aguilar trabaja, Hernández era quien proveía la mayor parte del sustento para su familia. Desde que se casaron, el hombre se ha dedicado a trabajar en la construcción. No obstante, después de ser arrestado la familia no pudo pagar el alquiler de $1,400 dólares y se vieron obligados a mudarse a la casa de una de sus tías en Oceanside. Poco después, su coche fue embargado por falta de pago.

Hoy la familia vive a la Buena de familiares solidarios.

“No es nada fuera de lugar que ICE traslade a personas a áreas remotas o demasiado lejanas para que sus familias, o incluso sus abogados, puedan visitarlos”, dijo Layla Razavi, directora de políticas del Centro de Políticas Migratorias de California (CIPC).

Estas prácticas no solo mantienen alejados a los detenidos de sus familias, sino también de activistas que emprendan protestas y manifestaciones a favor del inmigrante.

“En sí, el sistema de detención migratoria es un desastre –es inhumano, inefectivo e inconsciente”, afirmó la portavoz de CIPC.

Un sistema que ha impactado por siempre a una familia de San Diego.

“Estoy desesperada, frustrada porque no puedo hacer nada”, dice la esposa de Hernández.

Sin falta, Aguilar llama diariamente a ICE y al GEO Group (empresa dueña del centro de detención migratoria en Aurora, Colorado), esperanzada con recibir una respuesta positiva, pero cada vez la dejan con el alma en vilo, sin saber qué pasará con su esposo.

“Quisiera llamarle a alguien y decirle ‘regrésame a mi esposo, él no es ningún delincuente’. ¿Pero quién me va a escuchar a mí?”, dice.