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Escándalo en albergues infantiles de Tijuana: abusos, malos tratos y condiciones infrahumanas

Abusos, malos tratos y condiciones infrahumanas.

Tijuana, México.- A mí me castigaban pegándome con el cable de la plancha”, explica Patricia Martínez, que ahora tiene 18 años. Si no obedecía, relata, amenazaban con pegar a su hermano, Christian, que tenía dos años. “Puede que yo aguante los golpes, pero él no los va a aguantar”, reflexiona. Paty, como le gusta que le llamen, tenía entonces seis años, y vivía junto a Christian y su hermana Ruth, en la casa-hogar Dibujando una Sonrisa en la ciudad mexicana de Tijuana (estado de Baja California). 

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En México existen 879 casas-hogar que alojan a 25.667 jóvenes, según el primer y único censo oficial hasta la fecha, actualizado en marzo de 2016 por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). Un reguero de denuncias de malos tratos, desde golpes hasta abusos sexuales e incluso tráfico de personas, llevó al Gobierno endurecer la legislación con un nuevo reglamento para controlar las casas-hogar. Pero, según ha podido comprobar Noticias Telemundo Investiga, las denuncias siguen acumulándose.

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Estos centros actúan como albergues y residencias temporales para menores, tanto ingresados voluntariamente por sus familiares como bajo tutela estatal. En el caso de Paty y dos de sus hermanos, su madre, Matilde Ávalos, de 47 años, acudió a Dibujando una Sonrisa después de que su marido se fuera de casa. Paty nunca le contó a su madre los maltratos sufridos, por miedo a represalias en la casa-hogar. Ni siquiera cuando, según relata, intentaron vender a Christian a una pareja estadounidense.  

La inmensa mayoría de jóvenes atendidos en estos centros tienen entre 10 y 19 años, aunque también los hay más pequeños e incluso bebés. Siete de cada 10 llevan más de un año viviendo allí, y en muchas ocasiones hasta seis años. 

Los centros suelen ser relativamente pequeños, con un promedio de 26 jóvenes, y la inmensa mayoría pertenecen a asociaciones civiles: sólo 98 son públicos y otros 13 son religiosos. Sobreviven gracias a donaciones de particulares, empresas y agrupaciones religiosas; más de la mitad recibe además ayuda gubernamental.

Muchos de ellos, carecen de condiciones mínimas de seguridad, tal y como exige la ley: 336 de estas casas-hogar no tienen alarma de emergencias, 115 no tienen salidas de incendio, 75 no tienen extintores, y 15 no tienen ni siquiera un botiquín médico. La inmensa mayoría no están adaptados a personas con discapacidad.

De los 13.471 trabajadores de estos centros, 13.085 carecen de certificación de competencias para asistencia social, atención infantil, o cuidado de niños y adolescentes. 

A Matilde, fue una empleada la que le avisó de lo que estaba pasando: “Véngase, señora, se van a llevar al niño y nunca más lo va a volver a ver”. Christian tenía entonces dos años. “Ya se lo llevaban”, explica Paty, pero Ruth, su hermana, se lanzó “encima de los dos americanos que lo iban a comprar”. “Los mordió, y le soltaron y después ya no lo vendieron, no lo quisieron por la actitud de mi hermana”, añade Paty.

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Matilde nunca denunció lo ocurrido, según explica, por desconfianza en las autoridades y falta de tiempo para participar en el largo proceso policial y judicial que seguiría. “Sin denuncia no podemos avanzar”, explica el subprocurador de Justicia de Tijuana, Jorge Alberto Álvarez. Sin denuncia, no hay investigación. Sin investigación, no hay delito. Ni condena. “Que los padres en cuanto detecten cualquier sospecha de que un niño está siendo agredido en una de estas instituciones acudan inmediatamente [a denunciar]”, pide Álvarez.

En diciembre de 2014, tras una sucesión de casos de abusos con amplio eco en los medios de comunicación, el Congreso aprobó la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que, entre otros aspectos, regula los centros de asistencia social y los procesos de adopción de menores. Obliga a las casas-hogar a registrarse, para poder ser controladas por el Gobierno, y a cumplir una serie de medidas mínimas de habitabilidad y seguridad, además, por supuesto, de procurar “un entorno seguro, afectivo y libre de violencia”.

Sin embargo, casi tres años después, la situación no ha mejorado demasiado, según afirmó el pasado 16 de agosto la presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado mexicano, Angélica de la Peña (del opositor PRD). Estos menores, “que no le importan realmente a nadie”, se “dejan en instituciones fantasma”, según De La Peña. “No sabemos cómo funcionan; no sabemos bajo qué normas se rigen; nadie verifica cómo se encuentran esas niñas, esos niños abandonados que no tienen familia o si tienen familia no les atienden o que (…) no pueden atenderlos”, añade.

Para evitar “casos verdaderamente terribles” como ha habido en los últimos años, el último de ellos, La Ciudad de los Niños en Salamanca (en el estado de Guanajuato), De la Peña ha solicitado una mayor dotación presupuestaria para controlar a los centros.  “Para el Gobierno siempre la principal problemática es no contar con el personal suficiente para atender con la inmediatez que se requiere”, coincide la procuradora de la Defensa del Menor del DIF, Consuelo Luna.

“No hay recursos para pagar, se tuvo que agarrar a gente, y hubo maltratos y gritos”, explicó la directora del centro, Marta de la Rosa. Por “agarrar a gente” se refiere, según explicó, a contratar a ex presidiarios que presuntamente no eran aptos para el puesto. “Dos veces gente se tuvo que ir de la institución por denuncias”, añade, sin explicar ni quiénes eran ni qué pasó para que se fueran ni cómo averiguó lo que pasaba y qué hizo o no hizo para evitarlo.

Esta casa-hogar fue cerrada en 2016 tras las denuncias recibidas por el DIF sobre sus condiciones, pero reabrió sólo unos meses después, presuntamente de forma clandestina.

La sucesión de casos antes y después de la aprobación de la ley es perturbadora.

En 2008, la desaparición de una niña de 10 años destapó una red de tráfico de menores en la casa hogar Casitas del Sur, en la Ciudad de México, regentada por la Iglesia Cristiana Restaurada, que también afectó a otros centros en Monterrey y Cancún. En total, desaparecieron 15 menores; no todos fueron localizados.

En 2014, una veintena de menores denunciaron abusos sexuales en el albergue infantil Hijo de la Luna, en Oaxaca. Ese mismo año, el Ejército mexicano entró en la casa hogar La Gran Familia, en Michoacán, y encontró a 458 menores viviendo en condiciones infrahumanas, y víctimas supuestamente de abusos físicos y sexuales. Nueve personas fueron detenidas, incluida la directora, Rosa del Carmen Verduzco, conocida como Mama Rosa

En febrero de 2015, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Aguascalientes se presentó en la casa Hogar Dulce Refugio tras la denuncia de maltratos de dos menores que lograron escapar. En noviembre de 2016, otra denuncia anónima llevó a cerrar temporalmente la casa hogar de San José, en Saltillo (Coahuilla). Y algo similar ocurrió en marzo de ese año en el albergue Centro Victoria Hogar de Niños Vida en Jesús, regentado por el pastor Joel Cortés en Ciudad Juárez (Chihuahua). 

De nuevo, una denuncia anónima, provocó la investigación por supuestos abusos físicos, psicológicos y sexuales en la Ciudad de los Niños, dirigida por el sacerdote Pedro Gutiérrez Farías. El Gobierno federal ha asumido la custodia de las decenas de menores que vivían allí.

Las denuncias son anónimas porque las amenazas sí tienen nombre y apellidos.

Dos voluntarias californianas que llevan al otro lado de la frontera ropa y alimentos donados por estadounidenses, y que prefirieron no desvelar su identidad, han denunciado los presuntos abusos en la casa-hogar La Tribu de Jesús, en Tijuana, e incluso llegaron a grabar un vídeo de lo que allí estaba ocurriendo.

El Gobierno federal tiene constancia de lo que allí ocurre, según una investigación del diario local Zeta Tijuana. El DIF inspeccionó el centro en 2014 y lo encontró “en muy malas condiciones”, según cuenta Luna a este medio. Volvió en noviembre de 2015, después de que un voluntario fuera detenido por grabar imágenes pornográficas de menores. “Las condiciones de higiene resultaron inadecuadas en todo el inmueble, se encontró alimento caduco, fauna nociva, desorden en todas las áreas de la casa, dormitorios, baños y falta de aseo”, asegura Luna. 

En marzo de 2016, tras una nueva visita, se ordenó finalmente la clausura del centro y el realojo de los 25 menores que vivían allí. Sin embargo, Noticias Telemundo Investiga localizó un segundo centro en el que esta casa-hogar alojaba a más menores en peores condiciones que en la casa usada en sus comunicaciones para recaudar donativos. Edith Palomino, directora de la casa-hogar, rechazó ofrecer explicaciones. 

El caso de La Tribu de Jesús es uno de los nueve expedientes, según Zeta Tijuana, que ha abierto desde 2014 la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California por quejas relacionadas con casas-hogar. En ellos, “la principal autoridad señalada como responsable por posibles acciones u omisiones que constituyen violaciones a derechos humanos es el DIF”, según ha informado a Noticias Telemundo. 

Otro de los expedientes afecta a la casa-hogar Eben-Ezer. En septiembre de 2014, cuatro menores denunciaron a la Comisión los presuntos abusos sufridos en ese centro, de los que responsabilizan a su directora, Eva Duarte, y a su esposo Fredy. Duarte ha declinado ofrecer explicaciones a Noticias Telemundo. Según una de las menores, “le ha pegado a todos los niños de la casa-hogar, les ha sacado sangre y moretones, y luego les pone hielo y maquillaje para que no se vean los golpes”.

Leticia (nombre ficticio para proteger su identidad) llegó a la casa hogar Eben Ezer cuando tenía nueve años, internada por su madre después de haber sufrido abusos sexuales en su entorno familiar. Escapó con 13 años, tras sufrir golpes y maltrato psicológico, pero los responsables de la casa-hogar la fueron a buscar y los castigos físicos continuaron, contra ella y sus hermanos. “El director nos besaba en los labios”, cuenta.

El expediente de la Comisión es más explícito: “Freddy Duarte entraba me agarraba la cara sosteniéndomela y me besaba la boca y el cuello, (…) mientras me agarraba los pechos me decía ‘hay que lindas lonjas tienes flaca. (…) Aprovechaba cuando yo estaba adentro del patiecito de las escobas, me decía con permiso y me rosaba con el pene”.

La Comisión no sólo considera constatados los abusos contra los menores, sino también la “insuficiente protección” e “inadecuada prestación de servicio público” del responsable de la Procuraduría para la Defensa del Menor. “Es inadmisible que la Procuraduría del Menor y la Familia, no obstante, tener conocimiento de las conductas imputables a los directores del albergue, no realizara las acciones necesarias en la casa-hogar Eben-Ezer, para proporcionar los elementos a su alcance al no reubicar a los menores a otro establecimiento y dictar las medidas cautelares indispensables”, explica.

Leticia logró escapar gracias a su abuela, y ayudó a huir a dos de sus hermanos. Otro sigue aún internado en la casa-hogar. A las autoridades, Leticia les pide que “abran los ojos porque hay veces que apoyan al que peor trata a los niños, al que peor los humilla”.

A día de hoy, la casa-hogar Eben-Ezer sigue abierta.